El temor a la declaración patrimonial.

Los mismos grupos de poder económico que están exigiendo transparencia al Estado, ahora se niegan a transparentarse rindiendo una declaración patrimonial. Los mismos que exigen libertad de expresión y consideran que la resolución de la Sala de lo Constitucional lesiona ese sagrado derecho, se auto censuran, se ponen al servicio de sus anunciantes y ponen en segundo o tercer nivel el derecho de los ciudadanos a ser informados. Mientras ellos se ocultan y esconden, exigen a los demás que salgan a la luz pública.

 Toda la información concerniente a una familia de clase media o clase baja urbana está en las bases de datos de las grandes empresas. Solo baste con revisar las fichas informativas que hay que llenar para obtener una tarjeta de crédito, acceder a un crédito en el sistema financiero, solicitar un empleo, etc.

Pero este formulario es solo la primera parte. Una tarjeta de crédito es una especie de huella digital que el poseedor va dejando a lo largo de su vida cada vez que la usa. Sin darse cuenta va dejando una pista imborrable de todo lo que hace. Que día, a que hora y en que lugar echa gasolina al carro. Que días y que restaurantes frecuentan. En que lugares compra, ropa, calzado, electrodomésticos, libros, regalos. Cuando va al cine, solo o acompañado. Cuando y en que supermercados hace las compras del hogar. Hay quienes pagan con tarjeta hasta en los moteles. En algunas iglesias se puede pagar el diezmo con tarjeta.

En cada lugar donde se cancela con tarjeta, queda la huella de los bienes o servicios adquiridos. Si ambas bases de datos se cruzaran, se forma un cuadro detallado que incluye, cuales son los platos favoritos en cada restaurante, los gustos en ropa, calzado, etc. La lista de compras en un supermercado es una excelente radiografía que incluye hasta la marca de papel higiénico. Si a esta información se le diera seguimiento en el tiempo, se puede calcular hasta cuanto gasta una familia mensual o anualmente en tomates o en licor.

 Esto todavía no incorpora la información de las centenas  de cámaras de seguridad que filman a las personas en los centros comerciales, gasolineras, bancos, restaurantes, cines, supermercados, centros de trabajo, algunas calles y hasta iglesias. Puede parecer esquizofrenia, pero no está demás pensar que hay otras bases de datos como las grabaciones de todas las llamadas telefónicas, que en algún momento, alguien puede cruzar.

 Con todo esto se puede reconstruir la vida de cualquier fulano de clase media o baja urbana minuto a minuto. Sin darse cuenta se ha perdido la intimidad. Todo ha quedado registrado y podría ser del dominio público en cualquier momento.

 Las personas no tienen ningún control sobre esta información. Los propietarios de ella son grandes empresas que la usan en la forma que consideran más conveniente. En El Salvador no hay leyes que protejan efectivamente a las personas contra abusos en el uso de su información personal. Empresas como DICOM pueden condenar de hecho a cualquier ciudadano a una muerte civil, por una deuda a sus empresas afiliadas. Todo esto es perfectamente legal.

 Las empresas grandes intercambian esta información con fines comerciales. Ella les permite conocer los estratos de mercado que tienen para sus productos y servicios. Por ello es común que al contestar el teléfono de la casa, nos encontramos con una voz anónima que sabe nuestro nombre y el de nuestra familia y nos ofrece un paquete vacacional o un terrenito en un cementerio privado. ¿Quien les dio esa información?

 Pero los grupos de poder que manejan estas bases de datos a través de sus empresas, se niegan a hacer una declaración patrimonial para efectos fiscales. Alegan que pueden ser sujetos de extorsiones. Que esta obligación va a alejar la inversión extranjera, etc.

 Mantener en secreto su riqueza ha sido una de las claves de los grupos de poder. Nadie sabe cuanta riqueza poseen, como la adquieren y como la invierten. Las Sociedades Anónimas son mecanismos legales de ocultamiento. Muchas grandes empresas que tienen forma legal de sociedades anónimas, a su vez, están constituidas por sociedades anónimas, estas sociedades anónimas son además constituidas por otras sociedades anónimas, así van ocultando sus inversiones.

 Baste recordar cuando el escándalo de INSEPRO-FINSEPRO, el principal implicado, un principillo de la oligarquía salvadoreña, no era dueño ni de los calzoncillos que andaba puestos. Igual su padre, que era Presidente de una de las empresas más emblemáticas del país sólo se le pudo encontrar unas cuantas acciones que valían pocos centavos cada una. Con menos de un dólar en acciones era el Presidente de una de las empresas más grandes del país.

 No se puede hablar de desarrollo si no se transparenta la actividad económica. No se puede ni siquiera hablar de combatir el narcotráfico y el crimen organizado sin este requisito. Por ello la actitud de los que se oponen a la declaración patrimonial es consecuencia de una visión miope, que solo considera sus intereses de corto plazo. No se dan cuenta, que estas medidas pueden ser su propio salvavidas más adelante.

 Ayutuxtepeque, martes, 09 de noviembre de 2010.