En los últimos meses el accionar de la PNC y de la Fuerza Armada en contra de la delincuencia ha sido mucho más contundente. Hay un esfuerzo extraordinario que no habíamos visto en mucho tiempo. La reciente entrada en escena de los batallones anti delincuenciales de la Fuerza Armada, creados por orden presidencial, han fortalecido la operatividad de los cuerpos de seguridad.
A lo anterior hay que agregar los esfuerzos desarrollados en los centros penales. Entre ellos se destacan los traslados de los peligrosos dirigentes de pandillas hacia los centros penales de máxima seguridad, las reformas a la ley para obligar a las empresas de telefonía celular a eliminar las señales en las zonas donde están ubicados los centros penitenciarios, entre otras.
Todas estas medidas tienen a la base dos planes centrales de seguridad: el que elaboró el gabinete de seguridad pública al inicio de la presente gestión ejecutiva y el que elaboró el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia Social. A estos planes hay que agregar otros importantes aportes, entre los que destaca el presentado por el señor Giuliani, ex alcalde de Nueva York.
Hay otros planes que están en proceso de ser implementados, como es la construcción de nuevos centros penitenciarios. La compra de equipos y armas para las instituciones de seguridad pública, elevar los niveles de especialización de unidades policiales, etc.
La reacción de los grupos delincuenciales no se ha hecho esperar y han actuado en varios planos. Por una parte han desplegado un plan que busca acuerdos negociados con el gobierno, ofreciendo bajar los índices de criminalidad a cambio de que los jefes de pandillas regresen a los centros penales de menor peligrosidad, por otra parte incrementando el nivel de asesinatos para crear un clima de mayor temor y zozobra en la población.
El pasado reciente nos demuestra que la búsqueda de acuerdos con los grupos delincuenciales, aunque no se haga de manera oficial, no son solución al problema. Estos sectores aprovechan las ventajas que obtienen para fortalecerse y luego poder actuar con más contundencia. Por ello lo que podríamos volver a enfrentar es un breve período de calma para luego sufrir otro incremento de delitos, con estos grupos más fortalecidos aún.
Todo parece indicar que en esta fase del plan anti-delincuencial, lo que se pretende es aumentar la capacidad de reacción policial y combinada ante las acciones delincuenciales, este objetivo se está logrando a pesar de aumento de operaciones de las pandillas y crimen organizado, que incluso enfrentan y atacan a las unidades policiales y militares. Las contundentes y rápidas respuestas de la seguridad constituyen un claro mensaje que no tardarán en comenzar a leer.
Esta fase todavía necesita ser coordinada y complementada con otras instituciones del Estado, como el Órgano Judicial, la Fiscalía General de la República, la Procuraduría de Derechos Humanos, entre otras. Solo así se tendrá una acción eficiente del conjunto del Estado salvadoreño a través de sus instituciones especializadas.
Luego debe venir una segunda fase del plan, que consistiría en pasar de la reacción rápida, al control efectivo de los territorios, que por ahora están dominados por la delincuencia. Esta segunda fase será mucho más compleja que la actual. Implica entrar a los territorios para quedarse. Esto obligará a nuevos despliegues territoriales de los elementos de seguridad y militares.
Pero además, una vez controlados y pacificados los territorios es necesario que intervenga el resto del aparato estatal. Al control permanente del Estado por la fuerza, se complementa, la escuela, la clínica y los servicios de salud, la recuperación de los pocos espacios de recreación que tenemos, reparación y rescate de calles y vías de comunicación, las oportunidades para el desarrollo de la micro y pequeña empresa, el rescate de las viviendas abandonadas o sin servicios básicos, etc. Es decir, que el Estado entra con la mano fuerte (Para no decir “Mano Dura”), luego vienen la mano de la solidaridad, el desarrollo territorial y el progreso.
En este momento, el rol de las distintas organizaciones sociales es imprescindible, estas comunidades necesitan ser rescatadas del abandono en que el modelo socio económico que se implementó durante más de dos décadas las condenó. El vacío que generó la ausencia de Estado y la indiferencia de élites de poder debe ser llenado por la presencia del aparato del Estado y la solidaridad del conjunto de la sociedad.
Esa es la lógica del Presidente de la República cuando señala los cincuenta municipios más violentos del país, que son también los más poblados. Es probable que esta segunda fase no comience con los cincuenta, pues la capacidad operativa del Estado no alcanza, por el momento, para actuar en todos en forma simultánea. Pero al iniciarse, con una visión de proceso, no debe detenerse y debe hacerse en los menores tiempos posibles.
Es posible que esta primera fase, produzca en poco tiempo alguna mejoría en las cifras de homicidios y extorsiones, esto significaría un alivio para la población, pero solo sería un primer indicador que no puede servir para cantar victoria. La lucha contra la delincuencia será un proceso de largo plazo, pero podemos ganar esta batalla si no se desfallece.
El sector político tiene un rol importante que jugar, la crítica no debe estar prohibida y los aportes deben ser tomados en cuenta, pero lo que no se vale es usar la grave situación por la que atravesamos para lograr ventajas políticas a costa de destruir las posibilidades de futuro. Los mensajes deben ser serios, responsables y realistas. La población debe también aprender a valorar estos aportes y a reconocer cuales son positivos y cuales son simplemente gritos de histeria para generar desgaste al gobierno.
Ayutuxtepeque, 26 de junio de 2015.
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