Aclaran caso de "allanamiento" en casa de ex presidente

 El Gobierno de El Salvador dió su versión de los hechos denunciados por el ex-Presidente Armando Calderón Sol de un intento de allanamiento a su residencia sin ordenes judiciales que llevó a una campaña mediática acusando al gobierno de actos arbitrarios y «persecusión revanchista» de parte del FMLN.

David Rivas, Secretario de Comunicaciones de la Presidencia envió un comunicado aclarando los hechos.

Según esta versión el 9 de julio al mediodía, una patrulla del grupo dos de la subdelegación de San Jacinto iba a hacer una supervisión al puesto el “manguito”, al costado oriente del parque de pelota Saturnino Bengoa, en de la colonia Las Mercedes de San Salvador.

“Cuando circulaba (la patrulla) por la calle Los Abetos de la colonia San Francisco, los agentes observaron que se encontraba una persona del sexo masculino vestida de particular parando el tráfico vehicular para que de la casa número 12 saliera un vehículo”, dice el comunicado. A esa persona “le observaron un arma de fuego en la cintura, por lo que procedieron ‘reactivamente’ (sic) a verificar la legalidad de dicha arma”.

“El seguridad —añade el escrito— entró a la casa al notar la presencia policial, por lo que un sargento tocó la puerta para que saliera. Al salir a la acera se identificó como (agente de) seguridad de Calderón Sol y mostró una licencia de portación del arma, vencida desde el 19 de enero pasado”, argumenta el Gobierno.

También se dice que otros tres empleados de seguridad salieron y mostraron sus permisos caducados.

El reporte enfatiza que hasta que los agentes de la PNC estaban en el procedimiento se enteraron de que se trataba del equipo de seguridad de Calderón Sol. “La patrulla tenía otro destino en el marco de otra misión y, por tanto, corresponde a un hecho fortuito”, defendieron.

Por su parte el Canciller salvadoreño, Hugo Martinez, sobre el incidente dijo: “Siento nerviosismo por los juicios en España. Hay nerviosismo por algunas posibles vinculaciones de personas”, refiriendose al trabajo de la Audiencia Nacional de España en la que aparecen señalados militares y el ex presidente Alfredo Cristiani involucrados en el asesinado de seis sacerdotes jesuitas y dos colaboradoras en noviembre de 1989 en el fragor de la ofensiva guerrillera «Hasta el tope».

Este día, personeros de la ANEP manifiestan que miembros de esta entidad empresarial se sienten «perseguidos» y denuncia acoso de parte del estado.

Por su parte el ministro de Justicia y el director de la PNC informaron que se han iniciado investigaciones al supuesto intento de allanamiento a la residencia del ex presidente.

De acuerdo a instrucciones del presidente Funes, van a indagar cómo sucedieron los hechos denunciados por el ex mandatario. Carlos Ascencio fue tajante al afirmar que “Nunca hubo intención de allanamiento. En realidad se ha tergiversado la situación. Nosotros hemos ordenado, a partir de una instrucción del presidente de la República, una investigación y un esclarecimiento de los hechos”.

Es claro que existe un manejo muy sesgado de parte de los medios acerca del incidente, y se tenía que conocer la versión de la parrte oficial, pero el gobierno ha tardado en responder; en realidad, una revisión de permisos no es un allanamiento, eso es claro y el hecho de ser ex presidente de la república no dá ninguna inmunidad ni coloca a nadie por encima de la ley.

Hasta el momento muchas de estas «honorables» personas. miembros de la mas rancia aristocracia salvadoreña se han considerado «intocables» por la ley y por eso ahora saltan indignadísimas de que se les trate como a cualquier hijo de vecino, ellos han olvidado que la ley nos coloca a todos al mismo nivel y se sienten amenazados, coartados y acosados cuando ven que no pueden pasar por encima.

Lo que debe quedar claro es que las cosas deben hacerse de acuerdo al marco legal vigente, respetando los derechos ciudadanos de los investigados, incluso si son acusados, como dije antes, el tan cacareado «cambio» será mas notable cuando de vea el estricto cumplimiento de la ley de parte de los funcionarios.

Sobre todo el gobierno debe cuidarse de los grandes medios, ya que estos siempre sesgarán la noticia.