En marzo de este año el ex vicepresidente de la República Enrique Borgo Bustamante presentó ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia un recurso de Inconstitucionalidad del Artículo 45 de la Ley AFI. El objeto de la demanda era que la Sala declarara inconstitucional la transferencia de fondos de los Ministerios y unidades primarias del Órgano Ejecutivo hacia la Presidencia de la República.
Como todos sabemos, el Órgano del Estado que aprueba el Presupuesto General de la Nación es la Asamblea Legislativa, a cada ministerio se le asigna una cantidad de dinero para su funcionamiento anual. En el pasado toda transferencia de un ministerio o unidad primaria a otro tenía que ser autorizada por la Asamblea Legislativa. Pero en el año 1996, durante la presidencia de Armando Calderón Sol, reformaron la ley para que el Ministerio de Hacienda pudiera autorizar estas transferencias hacia la Partida de “Gastos Imprevistos”.
Desde esa época el Ministerio de Hacienda ha venido autorizando y a veces exigiendo esas transferencias a todos los Ministerios. Primero se hacían en forma trimestral y finalmente cada mes. De esta forma lo que cada unidad primaria no gastaba, tenía que trasladarlo a la cuenta de Gastos Imprevistos de Casa Presidencial.
Se calcula que durante la Presidencia de Elías Antonio Saca, hubo transferencias por un monto aproximado de 219 millones de dólares. Este recurso, se ha convertido en la práctica en un fondo discrecional que ha estado al servicio de la Presidencia de la República.
Desde 1996, era evidente que esta medida era inconstitucional, pues volvía declarativa la potestad de la Asamblea de aprobar el presupuesto de la nación. Lo único que en la práctica aprobaba el primer Órgano del Estado era el monto global, pues lo asignado a cada Unidad Primaria terminaba siendo modificado y hasta deformado por Hacienda.
Por ello es altamente positiva la resolución de la Sala de lo Constitucional al declarar inconstitucional los artículos de la ley que permiten estas transferencias, pues viene a poner un poco de orden en las finanzas públicas. Hay algunas dificultades que se deben superar, como es el caso de las emergencias. Pero hay formas, en el marco de la constitución para enfrentarlas. Comenzando porque no se ha declarado inconstitucional la partida de Gastos Imprevistos. Lo ilegal es que todas las Unidades Primarias terminen tributando a esta sin autorización del Órgano Legislativo.
Lo interesante de todo esto es la reacción de los dos principales partidos políticos y la de Borgo Bustamante. Mientras ARENA controlaba el Ejecutivo la medida era buena, necesaria y legal, ellos dieron sus votos para aprobarla. Ahora, que ya no están en el Ejecutivo cambian de opinión y les parece que la medida siempre fue ilegal. Por su parte el FMLN en el pasado señaló la inconstitucionalidad de la medida, pero ahora, aunque aceptan la decisión, destacan los problemas que tendrá el Ejecutivo para maniobrar en caso de emergencia.
Pero lo más interesante son las declaraciones de Borgo Bustamante, cuando el periodista de La Prensa Gráfica le señaló: “El artículo 45 de la Ley AFI que usted pidió fuera impugnado fue aprobado durante su gobierno…” a lo cual respondió: “En aquel momento, leí la Ley AFI detenidamente pero, quizá cuando uno lee las cosas con ojos honrados, ni cuenta me di de las imposibilidad incorrecta que tenía. (Sic)”
Según el Señor Bustamante, la honradez de su mirada le impidió ver la ilegalidad. Solo falta que un día de estos, el argumento sea usado por un delincuente y diga que la honradez con que vio a la víctima le impidió comprender que asesinarlo era ilegal.
En el fondo el problema es que tantos los dos partidos como el Señor Bustamante tienen dos lentes para ver las cosas, uno que usan cuando están en el Ejecutivo y otro cuando no están. Por ello vemos ahora al partido ARENA oponiéndose a los créditos que antes exigían que debieran ser aprobados sin demoras. Y vemos al FMLN defendiendo lo que antes atacaban.
Lo importante es que poco a poco nuestros políticos van entendiendo que lo importante es el fortalecimiento de la institucionalidad democrática. Que debemos diseñar instituciones y definir reglas sobre la base del interés general de la nación, de manera que esté quien esté en el gobierno estas sean la base de nuestra cotidianidad.
Ayutuxtepeque, 27 de agosto de 2010.
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