La importancia del combate a la corrupción.

El Ministro de Obras Públicas Gerson Martínez se presentó ante la Fiscalía General de la República, a interponer demanda contra sus anteriores  colegas, por el caso de la autopista Diego de Holguín. Llevaba más de cincuenta mil folios donde se presentan las pruebas documentales de la corrupción. Desde hace unos tres años, todavía en el viejo blogcindario, publiqué un comentario donde señalaba que la corrupción en el MOP era tan escandalosa, que hasta los grupos empresariales estaban denunciándolo en privado. Señalaba que era seguro que al terminar el gobierno de Saca, el Ministro tendría que enfrentar serias dificultades.

Por ello no me extrañó que sea precisamente en este Ministerio donde se inicia el combate a la corrupción. Tampoco me extrañó que Milena Calderón de Escalón, llegara con otras diputadas del FMLN  a solidarizarse con la acción legal que iniciaba Gerson Martínez. Lo que francamente no me esperaba es que llegaría el ex Ministro Gutiérrez a enterarse de primera mano del caso que se abre en su contra.

Los otros ex ministros que están en la picota son los de salud de los gobiernos anteriores. Tanto el caso de la no construcción del hospital de maternidad como el enterramiento clandestino de decenas de toneladas de medicamentos vencidos, es un verdadero escándalo. Estas acciones constituyen hechos criminales en un país tan pobre como el nuestro, donde muchos fallecen por falta de medicinas. Esperamos que la Ministro de Salud presente luego las demandas para iniciar los procesos criminales.

Estos hechos han adquirido suficiente notoriedad como para que se queden sin la acción de los actuales funcionarios. En el caso del MOP hay que concentrar la presión en la Fiscalía para que actúe con diligencia y no pase lo mismo que con las denuncias de medicamentos vencidos y otros actos de corrupción descubiertos en el ISSS, que fueron oportunamente denunciados, pero no sabemos qué rumbo han tomado las investigaciones.

En el caso de los medicamentos enterrados y del hospital de maternidad, por ahora hay que concentrar la presión en las autoridades ministeriales, para que documenten  adecuadamente los hechos y presenten pronoto la denuncia legal correspondiente. Luego tendremos que continuarla en la Fiscalía General de la República.

Por otra parte, es importante que estos sean solo los primeros pasos, en lo que debe ser un esfuerzo sostenido para investigar la corrupción y combatirla. No hacerlo convertiría a los actuales funcionarios en cómplices de estos deplorables hechos. No se trata de iniciar una cacería de brujas, para favorecer al partido ARENA en contra de los de GANA. Esto sería un error pues el combate a la corrupción necesita desarrollarse con seriedad para que tenga credibilidad y apoyo social. Por ello las acciones deben ser firmes y contundentes, tal como lo ha hecho Gerson Martínez.

El combate a la corrupción es importante. La corrupción drena recursos públicos que podrían servir para impulsar programas sociales en el combate a la pobreza. Es necesario recordar que las causas de la pobreza están en las injustas estructuras socio-económicas excluyentes que hemos padecido a lo largo de nuestra historia. No confundamos a la corrupción como la principal generadora de pobreza, esto sería caer en la trampa de los organismos financieros internacionales, que ahora levantan la bandera de combate a la corrupción para tender una cortina de humo sobre las verdaderas causas que generan pobreza.

En nuestro país la corrupción ha estado ligada a los grupos de poder que han mantenido estructuras injustas generadoras de exclusión social. Por ello debemos buscar denunciar y castigar tanto a los corruptos como a los corruptores. En el primer grupo encontraremos muchos funcionarios públicos, en el segundo a muchos empresarios que han usufructuado indebidamente los recursos públicos a través de diversas formas ilícitas.

En conclusión, el combate a la corrupción es absolutamente necesario desarrollarlo con efectividad, seriedad y contundencia, pero no puede sustituir el esfuerzo por una sociedad incluyente e igualitaria, que elimine las causas generadoras de pobreza.

Ayutuxtepeque, Martes, 25 de Mayo de 2010.

Be Sociable, Share!

4 comments for “La importancia del combate a la corrupción.

  1. Scout
    27/05/2010 at 9:57 am

    Creo que es primordial que combatamos la corrupción, en todos los niveles y en todos los Ministerios, uno de los grandes problemas de éste país es que apenas contamos con recursos, y los pocos recursos que se tienen, son mal administrados, cómo es posible que tengamos Juzgados con carencias para trabajar y una Corte Suprema a todo lujo?, por citar un ejemplo, mientras que hay Programas de Salud como «Extensión de Cobertura» en los que a los médicos de Brigadas les pagan mal, no les dan ni viaticos para transporte, ni siquiera transporte, y están llevando salud a los lugares más reconditos, no está por demás decir que Salud nunca ha sido apuesta de los Gobiernos anteriores, pero el actual Gobierno enfrenta un terrible problema en éste ramo, todavía hay cuadros de personas que laboran en el Ministerio de Salud con pensamiento retrógrada, que no quiere permitir que las cosas se hagan bien, no estoy a favor del desempleo, pero sí de que se debe trabajar en una sola dirección, que es por el bienestar de la salud del pueblo, y no por intereses partidarios, ruego a Dios que en el Minsterio de Salud se cambie el rumbo y se sanee y limpie de toda la porqueria que tiene adentro, como toda la corrupción en la construcción de Hospitales, medicamentos, licitaciones amañadas que son cola de gobiernos anteriores. Finalmente, es importante que la gente corrupta responda ante la Ley, pero no sólo estando presos, que al final solo sirve de carga al Estado, sino que devuelvan los fondos que han despilfarrado, que buena falta hacen para hacer un buen gobierno.

  2. Juan Pueblo
    27/05/2010 at 11:52 am

    Esto tambien es CORRUPCION 2010 señores!!!!Y aca estan involucrados. ESCUADRONEOS Y GUERRILLEROS…y lean las CINICAS JUSTIFICACIONES de estos PADRES DE LA PATRIA. (Gracias al FARO.NET)
    Diputados se regalan todoterrenos de lujo
    12 directivos de la Asamblea estrenan camionetas todoterreno de lujo, cortesía del bolsillo de los contribuyentes. Dejaron las suntuosas camionetas año 2005 aduciendo que ya no les servían, y se regalaron un estreno. Más de medio millón de dólares a precio de mercado. A pesar de que el gobierno privilegia -supuestamente- la austeridad y la racionalidad del gasto.
    ¿Verdad que casi que podrías vivir adentro?”, me pregunta un colega periodista, tras echar un vistazo al vehículo. Al estar adentro, pues sí, se siente una enorme comodidad: es una amplia camioneta todoterreno, con asientos de cuero, con detalles de madera incrustados en el tablero, con dos aires acondicionados independientes que permiten crear dos atmósferas diferentes dentro de la cabina, con un plan de mantenimiento preventivo para garantizar su perfecto funcionamiento… Es uno de 10 vehículos valorados en decenas de miles de dólares, y uno de 10 vehículos que rechazaron los diputados… para comprarse unos mejores.

    Los miembros de la junta directiva de la Asamblea Legislativa se cansaron de que esos fueran los vehículos que los transportaban, y en su lugar acordaron disponer de más de medio millón de dólares de los salvadoreños para regalarse una flota de 12 camionetas que, en el modelo más básico, en El Salvador tienen un precio de mercado de 59 mil dólares.

    La semana pasada, los directivos recibieron esta especie de carrozas todoterreno con asientos de cuero, con detalles de madera en el tablero, con una pantalla que parece de televisión -que es un centro de navegación-, con heladera incluida y con doble aire acondicionado automático. En la parte de atrás, estas camionetas Toyota Land Cruiser Prado lucen la identificación del modelo: GX 8.

    Y aunque los directivos legislativos no son los funcionarios peor pagados del país (reciben 4 mil 854.30 dólares los secretarios, 5 mil 225.15 dólares los vicepresidentes y 5 mil 781.72 el presidente) y en su sueldo se incluye una partida de 914 dólares mensuales para gastos de transporte y comunicación, los salvadoreños les regalamos el transporte. Y decidieron que los contribuyentes les compraran justo estas camionetas y no otras. Y aunque las finanzas del Estado están débiles y la política presupuestaria para este año ordena que solo se destinen los fondos para gastos indispensables en las instituciones, la Asamblea decidió tirar la casa por la ventana.
    El documento política presupuestaria 2010 explica en su introducción que está basada en la visión del gobierno 2009-2014 llamada «Cambio en El Salvador para vivir mejor». Ese «vivir mejor», sin embargo, no se refiere solo a los diputados, sino que en el documento es para todos los salvadoreños. Además, la política presupuestaria sentencia que las finanzas públicas -refiriéndose a todas las instituciones estatales, con excepción de las bancarias- se manejarán bajo los criterios de austeridad y racionalidad del gasto público.

    Entonces, ¿por qué todoterrenos de lujo? Ninguno de los beneficiados con el estreno cortesía de los salvadoreños quiso responder a esta pregunta. Los interpelados se fueron por las ramas.

    “Se necesitan porque el trabajo no es de oficina. Es trabajo de campo. La idea no es tener un vehículo que no soporte ese tipo de caminos”, responde el pecenista Francisco Merino, uno de los 12 directivos que andan estrenando camionetas modelo 2010. «Es normal que se renueve la flota», agrega.

    El Faro pidió la licitación y el acuerdo de la junta directiva a la Unidad de Adquisiciones de la Asamblea, pero no hubo respuesta. También hizo gestiones verbales con siete directivos para saber los detalles de la compra y se excusaron sin dar explicaciones. ¿Y por qué no quieren dar esa información, que es pública? “Es que los detalles los tiene Elizardo”, respondió Merino, echando la responsabilidad a su compañero de directiva y de partido, Elizardo González Lovo.
    El Faro habló con Miguel Ahues y Guillermo Gallegos, de Gana; con Lorena Peña, Roberto Lorenzana y Sigfrido Reyes, del FMLN, y con los pecenistas Francisco Merino y González Lovo. Cada uno delegó a este último para que hable del tema, pues es el encargado de supervisar los asuntos de transporte en la Asamblea. Y este se negó a hacerlo:

    -No, de ese tema no voy a hablar, en ese tema no tengo nada que decir.

    -Pero es dinero público y usted no está siendo transparente.

    -Ya sé que ese es un tema de transparencia, ese tema es de la agenda de la empresa privada, pero cuando hablemos de transparencia, cuando venga al pleno ese tema, ahí vamos a ver también cómo es que los empresarios tienen que estar obligados a pagar AFP, Seguro Social, ellos también deben ser transparentes -dijo González Lovo, para dar por terminada la entrevista.
    Cada directivo justifica la compra de diferente manera. Sigfrido Reyes, por ahora vicepresidente de la Asamblea y a partir de febrero de 2011 presidente, califica como natural la sustitución de las camionetas Nissan Patrol año 2005 que desecharon.

    -La mayoría de ellos tiene más de 100 mil kilómetros de recorrido, los gastos de mantenimiento aumentan, entiendo que tenían cinco años o más…

    -¿Y tienen que ser de lujo?

    -Lo importante es que responden a las necesidades de trabajo.

    Los directivos, según Reyes, necesitan viajar en vehículos con asientos de cuero y con incrustaciones de madera en el tablero para poder hacer su trabajo. Luego reitera por qué necesitaban estas camionetas y no otras menos ostentosas.

    -Los diputados en particular no restrigen su trabajo a calles asfaltadas. Nosotros vamos hasta los más remotos cantones del país, donde hay necesidad de ir atender algún pedido de la ciudadanía. Nos parece que lo lógico es ir en un carro idóneo y no en un automóvil que no presente las condiciones.

    Un vendedor del grupo Didea detalló algunas de las «condiciones» que permiten estos vehículos recién adquiridos. “¡Imagínese, 14 bolsas de aire le protegen del golpes en la cara, las rodillas…! Puede salir ileso de un accidente», comenta, entusiasmado. «Este carro no es solo lujo en detalles, es lujo en seguridad”, acota el vendedor.
    La palabra «lujo» no parece ser un sinónimo de la palabra «austeridad» que menciona la política presupuestaria 2010. Pero para quienes no tuvieran claridad sobre lo que austeridad significa, la política precisa algunas cosas más. «El gasto corriente deberá programarse observando criterios de eficiencia y optimización, debiendo atenderse de forma prioritaria necesidades básicas e ineludibles…», establece el documento que rige la formulación de gastos del Estado. «En todo caso, los recursos deberán asignarse observando siempre austeridad y racionalidad en el gasto público», añade.

    La racionalidad del gasto en las camionetas -cuyo monto preciso los diputados se niegan a revelar- se basa, según los directivos, en que necesitaban sustituir los vehículos años 2005 porque ya no garantizaban buen funcionamiento. Sin embargo, tres conductores de estos vehículos, asignados a los directivos, comentan lo contrario, que las Patrol funcionan tan bien como lucen cuando uno las observa por dentro y por fuera.

    ¿Ya no ofrecen las condiciones los carros desechados por los directivos? Los dos motoristas y un guardaespaldas que trabaja como conductor de uno de los directivos, aseguran que prácticamente nunca han fallado esos vehículos.

    -Mire, si estos carros están en revisión de agencia, tienen todito, cada tres meses o cuatro los revisan… yo no he visto que fallen -asegura uno de ellos.

    -¿Pero no cree que los diputados se merecen más cómodidad?

    -Ja, ja, ja… Yo creo que yo hiciera lo mismo si pudiera… si solo es de firmar y la Asamblea paga.
    Pero la verdad es que las camionetas supuestamente ya desechables en realidad se mantendrán en uso en la misma Asamblea, a pesar del argumento del efemelenista Reyes de que el mantenimiento se ha vuelto demasiado caro: serán asignadas a los jefes de fracción y otros diputados.

    Los jefes de las bancadas legislativas también tienen un sobresueldo y ganan mensualmente lo mismo que los secretarios de la junta directiva. Y al igual que estos, su salario incluye un bono de 914 dólares en concepto de transporte y comunicaciones.
    Esas camionetas, según los avisos clasificados en El Diario de Hoy y en La Prensa Gráfica, alcanzan decenas de miles de dólares en el mercado local. Una año 2001, por ejemplo, se ofrece en venta a 22 mil dólares. El Faro consultó a una agencia distribuidora de vehículos el valor en el mercado de un carro de las mismas características y explicó que ronda los 20 mil dólares.

    El Estado salvadoreño tiene las finanzas apretadas. O tiene dificultades para atender un sinnúmero de sus obligaciones. Por ejemplo, faltan medicinas en los hospitales. Por ejemplo, no ha podido proveer de vivienda a las víctimas de Ida, que por ahora están recibiendo casas temporales para dejar las tiendas de campaña en que estuvieron los meses anteriores. Una casa provisional de las entregadas a una familia de Apastepeque cuesta 2 mil 300 dólares.

    Con los 59 mil dólares que cuesta en el mercado el modelo más barato de las Prado 2010, el gasto en el lote de 12 camionetas pudo haber financiado la construcción de unas 220 de esas viviendas temporales. Los diputados aseguran que necesitan estos vehículos para trabajar. Dado que están matriculados como particulares y no como nacionales, será más difícil algún tipo de control ciudadano sobre el uso que les den. Gracias a una reforma a la Ley de Tránsito que los diputados hicieron hace años, aduciendo razones de seguridad, los automotores que les provee el Estado se identifican con placas P y no N.

    Algunos diputados no tienen claro el destino de las camionetas despreciadas por los directivos. “Entiendo que esos pasarán a ser ocupados por otros diputados o también pueden ser subastados, no sé, no está claro”, dice Donato Vaquerano, jefe de bancada de Arena. Sin embargo, Merino, del PCN, explica que se heredarán por jerarquía entre los legisladores: “Se está viendo de apoyar a subcoordinadores de fracción, también como apoyo a los presidentes de las comisiones. Por distribución jerárquica se dan de mayor a menor.”
    El disfrute de vehículos cortesía de los contribuyentes no es privativo de la Asamblea Legislativa. Los magistrados que ingresaron a la Corte Suprema de Justicia el año pasado, por ejemplo, revelaron que se encontraron con que sus colegas provenientes de elecciones anteriores disfrutaban de hasta cuatro vehículos cada uno, y que cada uno tenía derecho a una cantidad de vales de combustible excesiva. Asimismo, El Faro reveló que la Presidencia de la República está en proceso de comprar 36 nuevos vehículos, en su mayoría todoterrenos, a pesar de que el presidente Mauricio Funes subrayó en junio pasado que, a diferencia de gobiernos anteriores, él no iba a comprar carros nuevos apenas asumiendo el poder. Tardó menos de un año en hacerlo.
    hunna no lo CENSURES POR FAVOR, ESTO ES CORRUPCION…SALUDOS

  3. Juan Pueblo
    31/05/2010 at 12:45 pm

    OTRO ACTO DE CORRUPCION…QUIEN DICE ALGO SEÑORES, ESTO YA ES EL COLMO DE LOS COLMOS!!!
    Esta vez son los MAGISTRADITOS…Lean (Gracias al FARO.NET)

    Después de nueve años en el cargo para el que habían sido elegidos, cinco magistrados de la Corte Suprema de Justicia cuyo mandato estaba a punto de expirar, decidieron renunciar a su puesto. Esa maniobra les significó echarse al bolsillo más de 120 mil dólares que, si solo hubieran dejado que su período caducara, no habrían obtenido.

    Los funcionarios pidieron a la Corte en pleno, que presidía Agustín García Calderón, que les autorizara el retiro voluntario de sus cargos, para de esa manera acceder a un beneficio concebido legalmente para los jueces que deciden terminar su carrera después de años de servicio.

    Quienes optaron por esa salida fueron el mismo García Calderón y los magistrados Julio Acosta Baires, Victoria Marina de Avilés -ahora ministra de Trabajo-, Mauricio Alfredo Clará y Mauricio Ernesto Velasco Zelaya.

    El 5 de junio de 2009, en la Corte Suprema de Justicia (CSJ), uno de estos magistrados inició un proceso administrativo para procurarse la bonificación contemplada en la Ley de la carrera judicial, creada en 1990 para los jueces y magistrados de cámara de la República. La normativa fue reformada en 1992 para incluir en ella a los magistrados de la CSJ. Esta ha permitido que desde el año de su aprobación, cualquier funcionario de la carrera pueda ir a la orilla del río del tesoro público y pescar en él miles de dólares. Esto, muy aparte de las otras prestaciones de que gozó durante su gestión.

    Eso, precisamente, hizo aquel magistrado que en junio de 2009 sabía que su bolsillo se llenaría con 28 mil 283.64 dólares, provenientes de la multiplicación de su último salario por seis, si renunciaba hasta un día antes de que culminara su mandato. Ese magistrado era el presidente de la Corte y del Órgano Judicial, Agustín García Calderón. Como presidente, García Calderón gozaba, aparte de su salario, de mil 414 dólares en gastos de representación mensuales, seguro médico, de vida, vales de combustible, telefonía, seguridad, carros…

    Dos días antes que él, otro magistrado hizo el mismo pedido. Se trata de Julio Acosta Baires. Y semanas antes –mayo de 2009, según cuentan otros magistrados en el cuarto piso del Órgano Judicial-, Victoria Marina de Avilés pidió abrigarse con este decreto. Ella, mucho antes que los primeros dos, ya que el 1 de junio asumiría como nueva ministra de Trabajo.

    De los otros dos magistrados salientes (Mauricio Alfredo Clará y Mauricio Ernesto Velasco Zelaya) nadie recuerda ni da cuentas del inicio de su trámite. A estos cuatro, a diferencia de García Calderón, les fueron aprobados pagos de remuneraciones por 23 mil 571.60 cada uno, dado que reciben un sueldo menor al del presidente de la Corte. Ellos, sin embargo, aparte de su salario, recibían las mismas prestaciones que el presidente de la Corte y mil 22 dólares de gastos de representación.

    Para los cinco, en julio de 2009, la tesorería institucional de la Corte Suprema ya había solicitado el requerimiento de fondos respectivo al Ministerio de Hacienda para desembolsar el pago del “retiro voluntario” de lo ex funcionarios.

    En el caso de García Calderón, el requerimiento de Tesorería Institucional de la CSJ a la Dirección General de Tesorería del Ministerio de Hacienda se hizo un día después de que este “finalizara” su gestión. Es decir, el primer día en el que la Corte Suprema de Justicia amaneció acéfala, dado que los partidos políticos en la Asamblea –y en Casa Presidencial- no se ponían de acuerdo para elegir a los nuevos magistrados que llenarían los puestos vacantes.

    El 16 de julio de 2009, la Asamblea aprobó a los nuevos titulares –cuatro para la Sala de lo Constitucional y uno para la Sala de lo Civil-, y 11 días más tarde la Tesorería Institucional solicitó a Hacienda el desembolso para los otros cuatro magistrados; y para un juez: Alejandro García Garay, del juzgado 1º de Menor Cuantía, por 13 mil 79 dólares. Una página institucional de la CSJ todavía tiene en lista, en ese juzgado, a este juez.

    El Faro consultó a seis magistrados de la CSJ sobre estos desembolsos y de los seis que se atrevieron a hablar –cinco con la condición de resguardar su nombre y uno que habló sin ataduras: el magistrado Miguel Ángel Cardoza- ninguno supo explicar cómo es que funciona la solicitud de baja de la carrera judicial. Otros dos magistrados, Ulices del Dios Guzmán y José Néstor Castaneda, recibieron el recado con sus asistentes pero no contestaron al pedido de respuesta.

    En un documento de Corte plena al que tuvo acceso El Faro, y en donde consta la aprobación del bono por retiro para García Calderón, aparece que este fue firmado por Acosta Baires, Clará, Velasco, Castaneda Guerrero (Rafael, suplente), Dueñas (Elsy, Suplente), Guzmán, Vega (Gustavo, suplente) y Ayala. Los primeros tres serían, luego, beneficiados también por sus compañeros. Este acuerdo se resolvió el 14 de junio.

    En el caso del ex magistrado Acosta Baires, resuelto el 8 de junio, firmaron los magistrados García Calderón, Castaneda, Clará, Velasco, Guzmán, Dueñas, Guerrero, Quinteros y Vega.

    El Faro solicitó los expedientes del resto de magistrados pero no hubo respuesta. El caso es que los cinco ex magistrados se retiraron voluntariamente de la carrera –es decir, de sus cargos como magistrados de la Corte- semanas antes de que culminara su función. Al preguntarle a los magistrados actuales si sus ex compañeros –en esas últimas semanas- seguían fungiendo o no como titulares de la institución, no saben responder si sí o si no.

    “Se supone que si te retirás de forma voluntaria tu retiro es inmediato e impostergable a partir de la fecha en que lo has solicitado. Como es el caso de la ex magistrada Victoria Marina de Avilés”, dice uno de los consultados por El Faro, en alusión a la solicitud presentada por la ex funcionaria. Avilés, para el 1 de junio de 2009, ya no formaba parte de la Corte Suprema de Justicia porque juramentó, ese día, como ministra de Trabajo y Previsión Social. ¿Qué pasó con los otros cuatro, y sobre todo, con el presidente del Órgano Judicial?

    “Es un tema interesante que debería discutirse”, dice otro de los consultados. “¿Teníamos magistrados de la Sala de lo Constitucional fungiendo en el tramo final de su periodo? ¿O teníamos a sus suplentes? ¿Tenía el Órgano Judicial cabeza en junio de 2009 o estaba acéfalo?”, se pregunta.

    “Cualquiera podría pensar que es una ganguería”

    Los cinco ex magistrados que se retiraron de manera voluntaria semanas antes de que culminara su periodo hicieron, con su petición, sacar a la luz una serie de interrogantes sobre la veterana normativa de la carrera judicial. Esas dudas, para los compañeros que se quedaron, son difíciles de responder.

    Por ejemplo, a los seis magistrados que accedieron a hablar del tema les preguntamos:

    -¿Cómo es posible que los magistrados de la CSJ presenten su solicitud de “retiro voluntario” a sabiendas de que son funcionarios electos para un periodo caduco, que inicia en determinada fecha y finaliza nueve años después? Y sobre todo: ¿cómo es posible que digan que se retiran de forma “voluntaria” días antes de que su periodo culmine oficialmente?

    -Es un punto que hay que discutir. Como que hay una contradicción, no. Cualquiera podría pensar que es una ganguería –dice uno de los consultados.

    -Está en la ley… y el procedimiento debería ser que pidan su retiro voluntario antes de que terminen su mandato. Si no ya no tiene sentido que se retiren porque ya no están fungiendo –dice el magistrado Miguel Ángel Cardoza.

    -Legal es –dice otro magistrado-. Ético no lo sé.

    A diferencia de los jueces de menor rango –para quienes fue creada la ley en 1990- la bonificación por retiro voluntario cobra una cierta justificación, según los consultados, en el sentido de que sus cargos son vitalicios; y solo una mala actuación en su trabajo los inhabilitaría para solicitar su “retiro voluntario” cuando estos optan separarse del cargo que les fue designado dentro del Órgano Judicial. Arístides Alvarenga, ex diputado del Partido Democráta Cristiano -y compañero de los promotores de la ley- recuerda que cuando llegó este tema a la Asamblea Legislativa, las reflexiones que se hacían eran en torno a los riesgos a los que están sometidos los jueces para ejercer su trabajo. El hecho de ser designados como jueces, comparte, los inhabilita de hacer otros menesteres, y al mismo tiempo los coloca en una situación especial dentro de la sociedad salvadoreña.

    -Sí, podría verse así. Son sujetos especiales que necesitan algo que les garantice estabilidad mientras ejercen y la promesa de que al final de su jornada, se les recompensara su esfuerzo de independencia –dice.

    Al igual que Alvarenga, los seis magistrados consultados ven a la carrera judicial como una Alicia que vaga por bosques en donde las prebendas y presiones se disfrazan de lobos feroces al acecho de una balanza manipulable a la hora de juzgar.

    -¡Sin duda hay que tener un método para garantizar independencia del juez y de los magistrados! –dice Cardoza.

    De cinco de los magistrados actuales consultados, dos dicen que la prestación del retiro voluntario es una bonificación justa para los jueces de carrera, y para aquellos magistrados electos que son jueces de carrera. Lo curioso de esta ley es que no hace distinciones entre un juez de carrera que llega a magistrado y un magistrado de Corte que nunca fue juez de carrera. La ley mete en un solo saco a todos, haciendo una salvedad: solo pueden acceder a la bonificación aquellos funcionarios que han cumplido las dos terceras partes de la carrera judicial (contemplada en 35 años). Pero ¿y como entran en este saco aquellos magistrados de la CSJ que nunca han sido jueces?

    La ley también les da una oportunidad: deben sumar 10 años como mínimo “dentro de la carrera” sin importar si son consecutivos o no, y pueden hacer una sumatoria de sus trabajos en otras oficinas del estado para cumplir con las dos terceras partes que exige la carrera judicial. Quedan fuera de este beneficio aquellos magistrados como Miguel ángel Cardoza, quien reconoce que no podría hacer uso del bono porque no cumpliría con los 10 años dentro del Órgano Judicial que exige la ley.

    Para muchos magistrados, el punto con el “espíritu” de esta ley también es controversial. Si fue creada para hacer impermeables a los jueces, independientes, estables, pareciera que no cumple a cabalidad con su función. La historia dentro del Órgano Judicial ha ido a la inversa, y cobró más relevancia en los años gobernados por el ex magistrado Agustín García Calderón. Alicia, según Estados Unidos y sus informes de Estado sobre El Salvador, se ha dejado seducir por el lobo feroz. “Corrupto” ha llamado la nación norteamericana al sistema judicial salvadoreño. Los bonos por retiro voluntario y el resto de prestaciones de que gozan los jueces y magistrados no han surtido efecto, pareciera.

    Solo en la última gestión de García Calderón, se descubrió que la dirección de Recursos Humanos se vendían plazas dentro del Órgano Judicial como si se tratara de películas pirateadas en el centro de San Salvador, a cambio de una comisión de parte de los beneficiados. Lo curioso del caso es que todas las plazas sometidas a “concurso” debían tener el visto bueno del presidente de la CSJ, que tras su salida evadió hablar del tema.

    Además, luego de que en noviembre de 2009 el magistrado Ulices del Dios Guzmán denunciara el viaje de uno de los nuevos magistrados de la Sala de lo Constitucional a Madrid, España –Sidney Blanco fue llamado a testificar en el caso del asesinato de los sacerdotes jesuitas, cometido en noviembre de 1989- se descubrió que García Calderón, en su gestión, autorizó cualquier tipo de viajes de sus compañeros con gastos pagos de parte de la Corte. Blanco, en diciembre, dijo que regresaría el dinero que le dio la Corte; y denunció ocho “misiones oficiales” de Guzmán, entre las que se incluía su participación en un festival llamado “La pupusa power”, en Estados Unidos. Las misiones de Guzmán costaron más de 16 mil dólares.

    Guzmán fue uno de los que firmó a favor del bono por retiro de García Calderón y Acosta Baires, pero al cierre de esta nota no respondió para hablar del tema. Como tampoco lo hizo el magistrado José Néstor Castaneda. El Faro intentó obtener una reacción de la hoy ministra de Trabajo, Victoria Marina de Avilés, pero tampoco dio respuesta. A los otros cuatro ex magistrados fue imposible localizarlos. Nadie en la CSJ dijo conocer su paradero.

  4. 03/06/2010 at 2:16 pm

    Esto tambien es CORRUPCION 2010 señores!!!!Y aca estan involucrados. ESCUADRONEOS Y GUERRILLEROS…y lean las CINICAS JUSTIFICACIONES de estos PADRES DE LA PATRIA. (Gracias al FARO.NET)
    Diputados se regalan todoterrenos de lujo
    12 directivos de la Asamblea estrenan camionetas todoterreno de lujo, cortesía del bolsillo de los contribuyentes. Dejaron las suntuosas camionetas año 2005 aduciendo que ya no les servían, y se regalaron un estreno. Más de medio millón de dólares a precio de mercado. A pesar de que el gobierno privilegia -supuestamente- la austeridad y la racionalidad del gasto.
    ¿Verdad que casi que podrías vivir adentro?”, me pregunta un colega periodista, tras echar un vistazo al vehículo. Al estar adentro, pues sí, se siente una enorme comodidad: es una amplia camioneta todoterreno, con asientos de cuero, con detalles de madera incrustados en el tablero, con dos aires acondicionados independientes que permiten crear dos atmósferas diferentes dentro de la cabina, con un plan de mantenimiento preventivo para garantizar su perfecto funcionamiento… Es uno de 10 vehículos valorados en decenas de miles de dólares, y uno de 10 vehículos que rechazaron los diputados… para comprarse unos mejores.

    Los miembros de la junta directiva de la Asamblea Legislativa se cansaron de que esos fueran los vehículos que los transportaban, y en su lugar acordaron disponer de más de medio millón de dólares de los salvadoreños para regalarse una flota de 12 camionetas que, en el modelo más básico, en El Salvador tienen un precio de mercado de 59 mil dólares.

    La semana pasada, los directivos recibieron esta especie de carrozas todoterreno con asientos de cuero, con detalles de madera en el tablero, con una pantalla que parece de televisión -que es un centro de navegación-, con heladera incluida y con doble aire acondicionado automático. En la parte de atrás, estas camionetas Toyota Land Cruiser Prado lucen la identificación del modelo: GX 8.

    Y aunque los directivos legislativos no son los funcionarios peor pagados del país (reciben 4 mil 854.30 dólares los secretarios, 5 mil 225.15 dólares los vicepresidentes y 5 mil 781.72 el presidente) y en su sueldo se incluye una partida de 914 dólares mensuales para gastos de transporte y comunicación, los salvadoreños les regalamos el transporte. Y decidieron que los contribuyentes les compraran justo estas camionetas y no otras. Y aunque las finanzas del Estado están débiles y la política presupuestaria para este año ordena que solo se destinen los fondos para gastos indispensables en las instituciones, la Asamblea decidió tirar la casa por la ventana.
    El documento política presupuestaria 2010 explica en su introducción que está basada en la visión del gobierno 2009-2014 llamada «Cambio en El Salvador para vivir mejor». Ese «vivir mejor», sin embargo, no se refiere solo a los diputados, sino que en el documento es para todos los salvadoreños. Además, la política presupuestaria sentencia que las finanzas públicas -refiriéndose a todas las instituciones estatales, con excepción de las bancarias- se manejarán bajo los criterios de austeridad y racionalidad del gasto público.

    Entonces, ¿por qué todoterrenos de lujo? Ninguno de los beneficiados con el estreno cortesía de los salvadoreños quiso responder a esta pregunta. Los interpelados se fueron por las ramas.

    “Se necesitan porque el trabajo no es de oficina. Es trabajo de campo. La idea no es tener un vehículo que no soporte ese tipo de caminos”, responde el pecenista Francisco Merino, uno de los 12 directivos que andan estrenando camionetas modelo 2010. «Es normal que se renueve la flota», agrega.

    El Faro pidió la licitación y el acuerdo de la junta directiva a la Unidad de Adquisiciones de la Asamblea, pero no hubo respuesta. También hizo gestiones verbales con siete directivos para saber los detalles de la compra y se excusaron sin dar explicaciones. ¿Y por qué no quieren dar esa información, que es pública? “Es que los detalles los tiene Elizardo”, respondió Merino, echando la responsabilidad a su compañero de directiva y de partido, Elizardo González Lovo.
    El Faro habló con Miguel Ahues y Guillermo Gallegos, de Gana; con Lorena Peña, Roberto Lorenzana y Sigfrido Reyes, del FMLN, y con los pecenistas Francisco Merino y González Lovo. Cada uno delegó a este último para que hable del tema, pues es el encargado de supervisar los asuntos de transporte en la Asamblea. Y este se negó a hacerlo:

    -No, de ese tema no voy a hablar, en ese tema no tengo nada que decir.

    -Pero es dinero público y usted no está siendo transparente.

    -Ya sé que ese es un tema de transparencia, ese tema es de la agenda de la empresa privada, pero cuando hablemos de transparencia, cuando venga al pleno ese tema, ahí vamos a ver también cómo es que los empresarios tienen que estar obligados a pagar AFP, Seguro Social, ellos también deben ser transparentes -dijo González Lovo, para dar por terminada la entrevista.
    Cada directivo justifica la compra de diferente manera. Sigfrido Reyes, por ahora vicepresidente de la Asamblea y a partir de febrero de 2011 presidente, califica como natural la sustitución de las camionetas Nissan Patrol año 2005 que desecharon.

    -La mayoría de ellos tiene más de 100 mil kilómetros de recorrido, los gastos de mantenimiento aumentan, entiendo que tenían cinco años o más…

    -¿Y tienen que ser de lujo?

    -Lo importante es que responden a las necesidades de trabajo.

    Los directivos, según Reyes, necesitan viajar en vehículos con asientos de cuero y con incrustaciones de madera en el tablero para poder hacer su trabajo. Luego reitera por qué necesitaban estas camionetas y no otras menos ostentosas.

    -Los diputados en particular no restrigen su trabajo a calles asfaltadas. Nosotros vamos hasta los más remotos cantones del país, donde hay necesidad de ir atender algún pedido de la ciudadanía. Nos parece que lo lógico es ir en un carro idóneo y no en un automóvil que no presente las condiciones.

    Un vendedor del grupo Didea detalló algunas de las «condiciones» que permiten estos vehículos recién adquiridos. “¡Imagínese, 14 bolsas de aire le protegen del golpes en la cara, las rodillas…! Puede salir ileso de un accidente», comenta, entusiasmado. «Este carro no es solo lujo en detalles, es lujo en seguridad”, acota el vendedor.
    La palabra «lujo» no parece ser un sinónimo de la palabra «austeridad» que menciona la política presupuestaria 2010. Pero para quienes no tuvieran claridad sobre lo que austeridad significa, la política precisa algunas cosas más. «El gasto corriente deberá programarse observando criterios de eficiencia y optimización, debiendo atenderse de forma prioritaria necesidades básicas e ineludibles…», establece el documento que rige la formulación de gastos del Estado. «En todo caso, los recursos deberán asignarse observando siempre austeridad y racionalidad en el gasto público», añade.

    La racionalidad del gasto en las camionetas -cuyo monto preciso los diputados se niegan a revelar- se basa, según los directivos, en que necesitaban sustituir los vehículos años 2005 porque ya no garantizaban buen funcionamiento. Sin embargo, tres conductores de estos vehículos, asignados a los directivos, comentan lo contrario, que las Patrol funcionan tan bien como lucen cuando uno las observa por dentro y por fuera.

    ¿Ya no ofrecen las condiciones los carros desechados por los directivos? Los dos motoristas y un guardaespaldas que trabaja como conductor de uno de los directivos, aseguran que prácticamente nunca han fallado esos vehículos.

    -Mire, si estos carros están en revisión de agencia, tienen todito, cada tres meses o cuatro los revisan… yo no he visto que fallen -asegura uno de ellos.

    -¿Pero no cree que los diputados se merecen más cómodidad?

    -Ja, ja, ja… Yo creo que yo hiciera lo mismo si pudiera… si solo es de firmar y la Asamblea paga.
    Pero la verdad es que las camionetas supuestamente ya desechables en realidad se mantendrán en uso en la misma Asamblea, a pesar del argumento del efemelenista Reyes de que el mantenimiento se ha vuelto demasiado caro: serán asignadas a los jefes de fracción y otros diputados.

    Los jefes de las bancadas legislativas también tienen un sobresueldo y ganan mensualmente lo mismo que los secretarios de la junta directiva. Y al igual que estos, su salario incluye un bono de 914 dólares en concepto de transporte y comunicaciones.
    Esas camionetas, según los avisos clasificados en El Diario de Hoy y en La Prensa Gráfica, alcanzan decenas de miles de dólares en el mercado local. Una año 2001, por ejemplo, se ofrece en venta a 22 mil dólares. El Faro consultó a una agencia distribuidora de vehículos el valor en el mercado de un carro de las mismas características y explicó que ronda los 20 mil dólares.

    El Estado salvadoreño tiene las finanzas apretadas. O tiene dificultades para atender un sinnúmero de sus obligaciones. Por ejemplo, faltan medicinas en los hospitales. Por ejemplo, no ha podido proveer de vivienda a las víctimas de Ida, que por ahora están recibiendo casas temporales para dejar las tiendas de campaña en que estuvieron los meses anteriores. Una casa provisional de las entregadas a una familia de Apastepeque cuesta 2 mil 300 dólares.

    Con los 59 mil dólares que cuesta en el mercado el modelo más barato de las Prado 2010, el gasto en el lote de 12 camionetas pudo haber financiado la construcción de unas 220 de esas viviendas temporales. Los diputados aseguran que necesitan estos vehículos para trabajar. Dado que están matriculados como particulares y no como nacionales, será más difícil algún tipo de control ciudadano sobre el uso que les den. Gracias a una reforma a la Ley de Tránsito que los diputados hicieron hace años, aduciendo razones de seguridad, los automotores que les provee el Estado se identifican con placas P y no N.

    Algunos diputados no tienen claro el destino de las camionetas despreciadas por los directivos. “Entiendo que esos pasarán a ser ocupados por otros diputados o también pueden ser subastados, no sé, no está claro”, dice Donato Vaquerano, jefe de bancada de Arena. Sin embargo, Merino, del PCN, explica que se heredarán por jerarquía entre los legisladores: “Se está viendo de apoyar a subcoordinadores de fracción, también como apoyo a los presidentes de las comisiones. Por distribución jerárquica se dan de mayor a menor.”
    El disfrute de vehículos cortesía de los contribuyentes no es privativo de la Asamblea Legislativa. Los magistrados que ingresaron a la Corte Suprema de Justicia el año pasado, por ejemplo, revelaron que se encontraron con que sus colegas provenientes de elecciones anteriores disfrutaban de hasta cuatro vehículos cada uno, y que cada uno tenía derecho a una cantidad de vales de combustible excesiva. Asimismo, El Faro reveló que la Presidencia de la República está en proceso de comprar 36 nuevos vehículos, en su mayoría todoterrenos, a pesar de que el presidente Mauricio Funes subrayó en junio pasado que, a diferencia de gobiernos anteriores, él no iba a comprar carros nuevos apenas asumiendo el poder. Tardó menos de un año en hacerlo.
    hunna no lo CENSURES POR FAVOR, ESTO ES CORRUPCION…SALUDOS

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Maximum 2 links per comment. Do not use BBCode.