El conflicto de Funes con el FMLN por el cargo básico de telefonía fija.

Cuando el pasado jueves 21 de enero la Asamblea Legislativa aprobó la suspensión del cargo básico de telefonía fija, se inició la más fuerte confrontación entre el FMLN y el Presidente de la República. Formalmente aparece como un conflicto entre dos Órganos del Estado, pero en la realidad política se ha convertido en una grave desavenencia entre el Presidente y su partido.

 La medida adoptada por unanimidad por el primer órgano del Estado, indudablemente beneficia a cientos de miles de familias que tienen teléfono fijo en sus hogares. La medida también es de justicia, pues ya las telefónicas han cobrado con creces a sus usuarios la inversión inicial que hicieron y que era el objeto de esta tarifa.

 Roberto Lorenzana, diputado del FMLN, mostró ayer en un programa de televisión el contrato que en 1995 se firmó entre el Estado y la principal empresa de telefonía fija, (que controla más del 90% de este mercado) donde se estableció este cargo por un período de cinco años. Es decir, que a la fecha llevamos aproximadamente 15 años pagando algo que debió ser cancelado hace diez años. Esto significa que un usuario de línea fija que ya tenía el servicio cuando los brindaba la ANTEL (Estatal)  ha pagado a la fecha  mas de 1600 dólares en concepto de cargo fijo, cuando según ese contrato solo debió pagar 565.20 dólares.

 Si tomamos en cuenta el impacto de la crisis económica y los aumentos en tarifas de otros servicios básicos como el agua, esta medida viene a constituir un pequeño alivio al precario bolsillo de la familia salvadoreña.

 Por tanto, si la medida es justa y de beneficio a los consumidores de este servicio la pregunta que surge es ¿Porqué el Presidente Funes se opone con tanta fuerza?

 Hay una respuesta básica y muy emotiva, que simplifica todo. Funes ya se vendió a las grandes empresas, por tanto ya no defenderá los intereses de la gente. Solo nos queda el FMLN que si conserva su autenticidad. Pero esta reacción primitiva de pensar en la línea de los traidores y los auténticos, no siempre resulta ser cierta y lo más grave es que a la larga puede afectar en forma negativa a ambos y favorecer a la derecha. Además cierra las puertas a la discusión seria del origen de esta conflictividad.

 El Presidente Funes tiene importantes razones de su parte. Esta medida es de trascendencia nacional y debió ser conversada previamente entre la fracción del FMLN y el Ejecutivo. No es posible que el Presidente y el Superintendente de Energía y Comunicaciones se enteren por los noticieros de lo sucedido. Una medida de este calibre y que se produce en forma intempestiva, golpea el clima de confianza e inversión, en momentos de crisis económica.

 Nadie evaluó el impacto que esta medida tendrá. No se tomaron otras medidas adicionales en la misma ley reformada para garantizar que las empresas telefónicas no restituyan lo perdido aumentando las tarifas por el servicio, cerrando líneas en lugares de poca rentabilidad o despidiendo a una parte de sus empleados.

 No tomaron en cuenta que la reciente decisión del Ejecutivo de sustituir al anterior Superintendente de Energía y Comunicaciones, y su reciente contratación como asesor por la fracción del FMLN, hace parecer la medida como una venganza del despedido y su partido, que de esta manera le cobra al gobierno la decisión adoptada.

 Tampoco tomaron en cuenta que la decisión legislativa la tomaban casi en la víspera de la más importante reunión anual del empresariado salvadoreño (X ENADE) en la cual el Presidente tenía un importante mensaje que llevar a este sector de la sociedad.

 Todo lo anterior lleva a pensar que lo que existe es una importante falla en la comunicación y coordinación entre el Presidente de La República y su partido. Esto es más grave de lo que parece, puede llevar a que se congelen muchas medidas y decisiones de beneficio social. Los lleva a un mutuo desgaste y a la pérdida de la credibilidad. Puede incluso, poner en riego la oportunidad que con tanto esfuerzo abrió el pueblo salvadoreño en las pasadas elecciones, pone también en peligro su continuidad cuando finalice la administración Funes.

 Por ello no se trata de quien ganará esta batalla, si el FMLN o el gobierno, se trata de que a la larga, los dos pierden. Si el Presidente Funes sanciona la ley, parecerá que el FMLN le torció el brazo, además muy difícil lo puede hacer después de las declaraciones dadas.

 Si observa o veta la ley, aparecerá como que el Presidente está a favor de las empresas telefónicas, la derecha puede aprovechar la oportunidad y retractarse del voto emitido en la aprobación. De esta manera las cosas siguirían igual en beneficio de las telefónicas. El FMLN queda como héroe y el gobierno como villano.

 La derecha, que sabe estas implicaciones, ha comenzado a manejar la tesis que el Presidente solo tiene tres opciones: Sancionar, Observar o Vetar la ley. Encajonado así, Funes pierde en todos los casos y el FMLN obtiene una temporal ganancia política. Pero las relaciones entre el Presidente y su partido sufren un nuevo y grave deterioro para el deleite de la derecha.

 Corregir esta situación comienza por que ambas partes (Presidente y FMLN) reconozcan que han cometido errores como consecuencia de su deficiente comunicación y coordinación. El error principal del FMLN fue tomar una decisión de gran trascendencia sin conversarla antes con el Ejecutivo.

 El error principal del Presidente fue la forma poco amistosa en que reaccionó ante los medios de comunicación cuando se enteró de la medida. Ambos tienen argumentos para justificar sus conductas, pero se trata de encontrar una salida y no de plantarse en las actuales posiciones.

 El Presidente Funes con la estatura de líder que se ha ganado, debe convocar a los jefes de todos los grupos parlamentarios a una conversación seria y privada sobre como enfrentar esta situación. Aprovechar que este caso se maneja formalmente como un conflicto de dos órganos de Estado para abrir el diálogo y la búsqueda de un acuerdo de beneficio para todos y para el país.

 Este ejercicio ya se ha desarrollado con éxito en casos como la elección del Fiscal, ya hay una experiencia acumulada que hoy puede ser útil, aunque las situaciones no sean iguales. Los conflictos pueden resolverse conversando y buscando salidas inteligentes.

 Juntos pueden llegar a un acuerdo a partir del cual el Presidente observe la ley como una oportunidad para que la Asamblea Legislativa pueda corregir los vacíos que esta decisión conlleva por la premura en aprobarla. En este espacio de comunicación se puede aprovechar para escuchar los argumentos de las empresas telefónicas y de las organizaciones que velan por los intereses de los consumidores. Se pueden buscar puntos de encuentro que beneficien a la población usuaria sin dañar el clima de inversiones que el país necesita.

 En una democracia que se desarrolla es normal y hasta saludable que existan conflictos y diferencias entre los órganos o poderes del Estado, pero también deben existir mecanismos de solución de los mismos. De lo contrario el país se paraliza o cae en el caos y la anarquía.

 El otro punto es que el FMLN y el Presidente deben sentarse pronto a conversar y dirimir sus diferencias. Es evidente que no pueden tener exactamente los mismos intereses, pero tienen en común un proyecto de gobierno que la ciudadanía avaló en las pasadas elecciones. Esta situación no debe repetirse, especialmente en temas de tanta trascendencia, de lo contrario entrarán en un proceso de desgaste que no los beneficiará ni a ellos ni al pueblo.

 Esto se vincula con la necesidad que el FMLN haga un pequeño alto en el camino y se siente a desarrollar una profunda reflexión de su nuevo rol como partido en el gobierno y sobre su futuro, tal como lo señalaba en el comentario “El FMLN y las normas pétreas”.

 Ayutuxtepeque, miércoles, 27 de enero de 2010.