Poco interés ha despertado el debate legislativo en la Comisión de Reformas Electorales y Constitucionales sobre la Ley de Partidos Políticos. Esta temática ha sido disminuida en los medios de comunicación, que se han centrado en la crisis institucional que vive el país como consecuencia del desacato de la Asamblea Legislativa de los fallos de la Sala de lo Constitucional. Lo cual es un craso error.
Si bien la crisis que atravesamos provocada por el incumplimiento de las sentencias de la Sala, es la más importante, al menos, desde la firma de los Acuerdos de Paz, no es menos importante el hecho que por primera vez se discute con alguna posibilidad de éxito una ley que rija la vida de los Partidos políticos.
La base de nuestro sistema democrático descansa en estas instituciones, los partidos políticos con todos sus defectos y falencias son los instrumentos para el ejercicio de la representación del pueblo en el gobierno. Hasta hoy, en ninguna parte se ha logrado construir un instrumento diferente a los partidos para el ejercicio de la democracia. El perfeccionamiento de los partidos es un elemento que influye de manera directa en el progreso y perfeccionamiento de la democracia. Al igual, su perversión y debilitamiento conspiran contra la democracia misma.
Hay varios aspectos que es necesario que esa ley aborde con mucha precisión y con la debida profundidad. El más importante es el relativo al financiamiento de los partidos políticos. Hasta hoy no existe ninguna regulación al respecto, somos de los pocos países en el mundo que no tienen ningún mecanismo legal para controlar o supervisar los fondos que manejan los institutos políticos y mucho menos castigar los abusos o las operaciones financieras ilegales. El colmo es que los partidos reciben dinero público bajo la forma de “Deuda Política” que consiste en una cantidad de dinero en cada elección según los votos que obtiene, pero este dinero nunca ha sido supervisado por la Corte de Cuentas o cualquier otro ente contralor. Es decir, que los partidos políticos no rinden cuentas a nadie de cuanto reciben, de quien o quienes lo reciben, ni en que lo gastan o invierten.
Esta situación se convierte en un enorme portón para el lavado de dinero por parte del crimen organizado o el narcotráfico. Pero también los grupos de interés económico pueden comprometer los candidatos, por tanto, a futuros funcionarios, a que voten o actúen en su favor particular. Además esta situación genera una enorme desigualdad entre los partidos políticos, pues son los que obtienen más recursos económicos los que obtienen mejores resultados electorales. No nos olvidemos que los programas serios de gobierno no ganan nunca una elección; las elecciones se ganan a base de publicidad de medios de comunicación y esta es cara.
Los partidos entonces se preocupan más por el marketing político, que por el programa a presentar a la ciudadanía. Es más importante una fuerte campaña publicitaria donde los candidatos se venden al electorado como cualquier producto comercial que las soluciones serias y reales a los graves y complejos problemas del país. Esta situación debemos cambiarla si queremos que el país progrese.
El primer paso es el control estricto de todos los fondos que reciben los partidos y la forma en que lo gastan. En países como México los partidos gozan de un fuerte apoyo estatal, pero también de estrictos controles de los recursos que manejan y limitaciones para la obtención de financiamientos privados, a pesar de todo siempre hay trampas. La última elección presidencial mexicana es un ejemplo de esto último. Pero estos fallos no deben ser pretexto para que en nuestro país mantengamos la situación actual.
Hay otros temas importantes en esta ley, como la transparencia en el actuar de los partidos, su democracia interna, la equidad de género, etc. Los cuales los abordaremos en otros comentarios.
Ayutuxtepeque, domingo,19 de agosto de 2012.