Los Hechos:
El pasado 18 de febrero, el magistrado de la Cámara Tercera de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia Jaime Eduardo Escalante Díaz, en aparente estado de ebriedad tomó de los hombros a una niña de 10 años que jugaba en la residencial Altavista II del municipio de Tonacatepeque, al norte de San Salvador, y «le tocó la vulva». A continuación, escapó corriendo mientras la madre de la menor le perseguía hasta su vehículo, que es propiedad de la Corte, la madre logró contactar a la PNC puso la denuncia respectiva. La captura del Magistrado se hizo en la misma colonia Altavista, de Soyapango; luego fue entregado al presidente de la Asamblea legislativa, Norman Quijano, como manda la ley en estos casos, para ser acusado por el delito que se le imputaba y se informó que el funcionario judicial fue quedó en libertad y que se procedería a crear una Comisión de Antejuicio y se nombrará un fiscal en el caso.
La resolución:
Cuando se supo que los magistrados de la Cámara Primera de lo Penal de San Salvador, luego de analizar las pruebas que la Fiscalía General presentó contra el magistrado de la Cámara Tercera de lo Civil, Jaime Eduardo Escalante Díaz, por el supuesto delito de agresión sexual contra una niña de 10 años, se declaraba incompetente (sin jurisdicción) para seguir el proceso y considerar, basándose en las pruebas de que el funcionario no cometió delito, pero sí una falta que es sancionada con 10 a 30 días de multa, estalló la indignación popular en las redes sociales.
La reacción:
Desde el presidente de la república, pasando por diputados, políticos, periodistas, «influencers», y público en general, han emitido de alguna manera una condena ante semejante resolución.
La periodista Tania Escobar recordó lo siguiente:
«En 2014 un hombre fue condenado por tocar el trasero de una niña en el mercado La Tiendona. Pero este no tenía poder ni conectes en este ‘sistema de justicia’. ¡Tocar niñas sí es delito! ¡abusar de la niñez es delito!»
Se trata de Jorge Luis Jiménez Iraheta de 50 años, la misma edad del magistrado quien en la Tiendona tocó el trasero de una niña y fue condenado a cuatro años de prisión.
El fin de semana pasado se convocó a una manifestación pacífica para el día lunes 4 de noviembre frente al Centro Judicial para rechazar la resolución de la Cámara y exigir respeto a los derechos de la niñez y las mujeres logrando reunir a cientos de ciudadanos y representantes de organizaciones sociales, el mismo presidente se sumó a la causa pidendo que la manifestación fuera protegida por mujeres policía.
Los honorables magistrados insisten que su resolución se hace luego de un «responsable proceso de deliberación» fundamentada en los hechos, elementos de prueba y dictamen pericial, así como criterios doctrinales y jurisprudenciales, que obviamente no aplicaron para el otro sujeto que purga condena de 4 años por similar conducta.
Bien dijo Monseñor Romero: «La justicia es como la serpiente, solo muerde a los descalzos»
La contra reacción:
Luego los honorables magistrados se indignan ante los reclamos de la población, del presidente y de los políticos que se han alineado por este caso argumentando que el principio estos reclamos son “una clara violación a la independencia judicial y obstaculizan indebidamente nuestra función judicial”.
Por eso añadieron que van a documentar los hechos ocurridos desde que la Cámara emitió el fallo, 31 de octubre, y enviarán un informe a la Corte Suprema de Justicia y a la Relatoría Especial para la Independencia Judicial de las Naciones Unidas “por considerar que dichos actos constituyen una interferencia a la actividad judicial”.
Nuestra opinión:
Nos sumamos a la indignación popular, no es posible que mientras a un degenerado sin recursos o influencias le apliquen la ley sin restricciones, mientras que a un degenerado que forma parte del poder judicial, le minimicen el delito y quede prácticamente impune, cuando el delito fue el mismo.
Desde siempre las leyes han sido bastante laxas con estos delitos, pero a pesar de que se han hecho ciertos ajustes que son positivos, es totalmente inaceptable que los «criterios doctrinales y jurisprudenciales» se apliquen arbitrariamente a unos para favorecerlos y a otros para hundirlos.
«Dura lex sed lex» reza el principio general del derecho y debería ser algo que se aplique por igual a todos los que la transgredan, el precedente que se está sentando es peligroso , pues está reafirmando ante la opinión pública de que la ley solo es aplicable a los ciudadanos «de a pie», es decir a los que no tenemos acceso a los detentores del poder.
El Poder Judicial ha tenido una larga historia de abusos y corrupción, pero no había estado en el ojo de la opinión pública, hasta hoy, pero no se debe olvidar, somos un pueblo con muy mala memoria y si no hay consecuencias, todo seguirá igual, no se debe olvidar quienes son los actuales magistrados para que quienes los eligen nunca vuelvan a dejar la justicia en sus manos.