Dos semanas después de la renuncia de Manuel Melgar, por fin el Presidente de la República ha nombrado al General Munguía Payés como Ministro de Justicia y Seguridad Pública. Los rumores, que se generalizaron hace semana y media se cumplieron en cuanto al personaje nombrado. No hubo ninguna sorpresa. Lo interesante ha sido el amplio debate político que se generó sobre el significado que tendría el nombramiento de un militar en tan alto cargo. Mucho se habló sobre que la llegada de un militar significaría la militarización de la seguridad y una violación al espíritu de los Acuerdos de Paz.
Hubo mucho debate sobre el futuro de la seguridad a partir de la profesión del posible nombrado, pero pocas propuestas y planteamientos de lo que debe ser una política exitosa de seguridad pública que nos brinde resultados a la brevedad posible. En otros comentarios he señalado que la economía es el problema estratégico del país y la seguridad el problema urgente (vistos ambos como problemas, porque para la inmensa mayoría de los salvadoreños lo son). En esta ocasión perdimos una buena oportunidad de proponer parámetros estratégicos de políticas por quedar empantanados en una discusión sobre la profesión del posible nombrado.
Durante los gobiernos de ARENA hubo Ministros de ese ramo que eran civiles, pero tenían un pensamiento más militarizado que muchos jefes del Estado Mayor. Lo que fue peor, deformaron el rol con el que había nacido la PNC, la volvieron ineficiente y no combatieron la corrupción en su interior, montaron políticas de seguridad inexistentes que solo eran espectáculos mediáticos. En el caso de Munguía Payes, no olvidemos que ha sido un militar que no era del agrado de esos gobiernos, incluso se le negó de manera injusta el derecho a ser ascendido a General.
Una posición más racional debería concederle al General el beneficio de la duda y medirlo por las políticas concretas y por los resultados que estas produzcan. El beneficio de la duda nos daría mayor legitimidad para vigilar y fiscalizar desde las diversas instancias de la sociedad civil la labor del ministro. No nos olvidemos que la vigilancia de la sociedad es un buen antídoto contra los malos manejos gubernamentales en general y en este caso específico, podrían constituir una garantía importante de la implementación de una política de seguridad que brinde resultados positivos.
La seguridad pública y el combate a la delincuencia deben ser temas de Estado y por tanto deben elaborarse políticas consensuadas de nación. Las políticas de seguridad públicas deben ser instrumentos de mediano y largo plazo pero deben rendir resultados concretos en el corto plazo.
Con el anterior Ministro Melgar se avanzó en varias áreas. Para recordar algunas: se sentaron las bases para resolver el problema de los centros penales que han sido los puntos desde los cuales se ha dirigido una parte importante de la acción delincuencial, se inició el proceso de modernización y adecuación logística de la PNC, combatiendo la corrupción y la delincuencia a su interior. Se sentaron bases para el desarrollo de planes anti delincuenciales con más sentido de integralidad. El error más importante del anterior ministro fue que consideró que tendría resultados en el corto plazo y tanto él como su partido generaron expectativas en la población que no eran realistas.
Por lo anterior, el recién nombrado ministro no llega a la institución a partir de cero, como le tocó a Melgar, tiene una plataforma básica desde la cual continuar su labor. La tarea de consensuar una política integral de seguridad, no debe ser un acto de apoyo simbólico. Debe conllevar compromisos concretos. No basta con que los empresarios manifiesten su beneplácito con el nombramiento de Payés. Deben dar las contribuciones necesarias para hacer efectivas las políticas.
El FMLN debe revisar su posición hacia adelante en este tema. Una actitud contestataria que no busque volverse propositiva y dialogante los puede dejar fuera de todo esto. El FMLN ha contribuido de gran manera a sentar las firmes bases en que ahora se sustenta el nuevo ministro, además pueden convertirse en una de las garantías claves en el desarrollo de una política civilista e integral de seguridad pública. Alejarse puede ser más dañino que positivo. Dejar solo en manos de instituciones con claro pensamiento de derecha y que además tienen una buena parte de la responsabilidad en la problemática que sufrimos, puede ser muy grave.
Mucho se rumoró de que hubo presión norteamericana para la salida de Melgar, aunque el Presidente lo niegue, sabemos que algo hay de cierto. Por ello los EUA están en la obligación de apoyar las políticas que los salvadoreños consensuemos, además ellos son los destinatarios de una gran parte de la droga que circula por nuestras tierras.
Estos son solo algunos de los parámetros de medición a partir de los cuales debemos evaluar el trabajo del nuevo Ministro de Justicia y Seguridad pública. Por ello es mejor concederle el beneficio de la duda y juzgarlo por sus actos y sus resultados.
Ayutuxtepeque, miércoles, 23 de noviembre de 2011.
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