Sobre el despliegue de fuerzas de seguridad en el centro capitalino


Esta semana se han anunciado nuevas medidas en el marco del plan de seguridad nacional. Con estas acciones se le da continuidad a las medidas extraordinarias que comenzaron a implementarse a principios de abril y que ya presentan para los salvadoreños un pequeño alivio en cuanto a la seguridad.

La primera medida es el despliegue de 400 reservistas de la Fuerza Armada y 400 PNC en el centro de San Salvador, que buscan cubrir 29 puntos críticos que han sido detectados en dicho lugar. Tenemos entendido que esto es parte de la siguiente fase del pan que busca recuperar el control del territorio actualmente en poder de las pandillas.

Esta medida, con menor envergadura, se había implementado hace unos meses y trajo como consecuencia que cesaron los homicidios en el centro capitalino. Ahora nuevamente, con mayor despliegue de fuerza y con más permanencia se vuelve a implementar. Es casi seguro que sus resultados serán beneficiosos, pero al mismo tiempo surgen algunas interrogantes que será necesario ir respondiendo en la medida que el plan se despliegue.

En el centro, el problema no son solo los homicidios. Las extorsiones han sido otro factor delictivo generalizado en este sector. Si bien la presencia de elementos de seguridad y militares volverá complicado a las pandillas el cobro de la renta, no podemos pensar en que esta desaparecerá por la sola presencia policial. Estas organizaciones criminales pueden sofisticar sus métodos, volverlos menos evidentes y hasta clandestinos, con el objeto de volver difícil su detección.

Otro elemento importante a tomar en cuenta es que este despliegue de fuerza no puede estar divorciado o desconectado de los planes de reordenamiento y modernización del centro histórico de nuestra capital que desarrolla la alcaldía municipal. El actual concejo edilicio ha iniciado un novedoso y ambicioso proceso de rescate del centro capitalino que no solo mejorará la imagen de la ciudad, también traerá importantes beneficios económicos para los cientos o miles de empresarios medianos, pequeños y micros que operan en ese sector. Por lo cual ambos planes deben coordinarse y combinarse de manera que se genere una dinámica positiva que favorezca a ambos.

Una tercera interrogante es sobre la permanencia de la fuerza en el territorio y las otras operaciones de despliegue en el resto de municipios calificados como de prioridad. Aunque las autoridades de seguridad han dado a entender que esta presencia será por el tiempo necesario, es evidente que un despliegue de cientos de elementos, que pretende saturar el teatro de operaciones, no es posible sostenerla en esa magnitud por mucho tiempo. Debería existir un mecanismo de evaluación periódica que permita reducir el número de efectivos cuando sea necesario, pues con tal cantidad de fuerza utilizada, no será posible cubrir otras zonas del territorio. Hasta el momento desconocemos donde serán los próximos despliegues, lo cual es correcto que se mantengan e reserva para no alertar a los grupos pandilleriles.

Una cuarta interrogante es sobre la relación de esta fuerza con la población que vive, transita o tiene negocios en el centro. Es importante que esta relación sea del mayor respeto mutuo posible. Que las autoridades se comporten respetuosas de los derechos ciudadanos y humanos es fundamental. De lo contrario serían vistos como una “Fuerza de Ocupación” y no como una fuerza de seguridad. Además si las autoridades generan la confianza y la simpatía de toda la ciudadanía honrada y trabajadora en este sector, habrá colaboración y el efecto, está por demás decirlo, será beneficioso.

Estas son solo algunas de las interrogantes, que espero vayan siendo respondidas por la realidad en la medida en que este esfuerzo de seguridad vaya dando resultados.

Ayutuxtepeque, 16 de junio de 2016.

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