El subsidio generalizado al Gas Licuado del Petróleo (GLP) tiene varios problemas que lo vuelven ineficiente y caro para la sociedad salvadoreña.
En primer lugar, por ser de carácter general, el subsidio abarca también a los sectores altos y medios altos de la sociedad, que si bien son minoritarios, tienen un alto consumo de gas dada sus facilidades económicas. Además se benefician de él (entre otros) muchos restaurantes de lujo y de cadenas de comida rápida, con lo cual aumentan sus márgenes de ganancia.
En estudios sobre el gasto público (en base a estimaciones basadas en ENIGH 2005/2006) se demuestra que por cada dólar del subsidio al gas dirigido a personas del decil más pobre, se gastan 6 dólares en el decil de más riqueza.
En segundo lugar, el dinero del subsidio es recibido en forma directa por las grandes empresas importadoras y distribuidoras mayoristas del gas sobre la base de lo que ellas manifiestan que han facturado, sin que haya mecanismos para determinar la certeza de las cantidades facturadas. Se ha podido comprobar que las cantidades facturadas son mayores que las realmente importadas al país. A esto se le llama SOBRE FACTURACIÓN. De esta forma el Estado paga a estas empresas un subsidio por GLP que nunca compraron ni vendieron.
En tercer lugar, aproximadamente un 20% del Gas Licuado es contrabandeado a Guatemala y Honduras (Se han encontrado tambos de gas salvadoreños en Nicaragua y el sur de México.)
Este gas lo compran a precio subsidiado y lo venden en los países vecinos al precio de mercado. Lo grave es que las mismas empresas importadoras y distribuidoras del gas están involucradas en este delito, como lo ha comprobado la PNC que ha capturado furgones de estas empresas llevando el producto de contrabando.
Para tener una idea de la dimensión del contrabando: San Cristóbal es un caserío del Cantón Piedras Azules del municipio de Candelaria de la Frontera en el departamento de Santa Ana. En este caserío hay 108 hogares que en el año 2008 consumieron 30, 430 cilindros de gas, esto representa un consumo de 282 cilindros por hogar en ese año.
La situación antes descrita genera una dinámica perversa que consiste en que una parte importante del subsidio lo consuman los que no lo necesitan en detrimento de los más desprotegidos. No menos del 40% del subsidio corresponde al consumo de clases altas y medias altas, sobrefacturación y contrabando.
Un cuarto problema es que cada año aumenta el costo del subsidio, las permanentes alzas de los derivados del petróleo en el mercado internacional y el aumento del consumo local son las causas fundamentales. En el año 2002 el Estado erogó 20.58 millones de dólares y en el año 2010 la erogación fue de 139.84 millones de dólares.
El dinero para este subsidio generalizado se toma del llamado FEFE (Fondo de Estabilización al Fomento Económico) conocido popularmente como el impuesto de guerra que se le impuso a la gasolina. Este impuesto consiste en una cantidad fija que el consumidor final paga por galón de combustible. Los aumentos del precio de la gasolina han incrementado en forma exponencial la factura petrolera pero no el consumo de combustible, que apenas experimenta crecimiento. Por ello el FEFE apenas crece.
En el año 2002 el FEFE recaudó 21.94 millones de dólares, con lo cual se pagó el subsidio y quedó un sobrante de más de un millón de dólares; pero en el año 2010 el FEFE recaudó 25.47 millones y la factura del subsidio fue de 139.84 millones. La consecuencia es un déficit estatal de 81.78%.
El mercado del Gas Licuado del Petróleo (GLP) ha sido poco transparente, para poder ocultar las distorsiones que se han señalado. Además existen otros problemas como la inexactitud en el peso de los tambos, y la composición de la fórmula, que atentan contra el bolsillo y la seguridad de los consumidores.
Las investigaciones realizadas por los delegados del Ministerio de Economía a las instalaciones donde se llenan los tambos de GLP han comprobado que muchos tambos no tienen completas las libras que le corresponden. Se detectan faltantes de hasta un 10% del producto.
El GLP una fórmula aceptada a nivel internacional consistente en un 70% de gas propano y un 30% de gas butano, el butano le da al propano mayor estabilidad y además más energía calorífica a la llama. Pero las empresas de gas salvadoreñas alteran esta fórmula con un 90% o más de propano y un 10% o menos de butano, esto lo hacen para ahorrar dinero pues el gas butano es de mayor costo. La variación de la fórmula vuelve ineficiente la llama y hay más riesgo de un accidente con los tambos.
Es por ello que el Presidente Funes ha dado instrucciones al Ministerio de Economía para que elabore un plan nacional para transparentar el mercado del gas licuado del petróleo y racionalizar el subsidio.
La tarea encomendada a Economía no es fácil pues el plan contempla mantener el subsidio a más de un millón de hogares salvadoreños, es decir, que abarcará la totalidad de los pobres y los sectores medios bajos de la sociedad; incorporaría también las pupuserías, tortillerías y panaderías de subsistencia familiar. Además se pretende entregar directamente el subsidio a la población beneficiaria y no a las empresas importadoras y distribuidoras del GLP.
Este plan no tiene precedentes en la historia del país, pues se pretende racionalizar un subsidio ahora generalizado para un producto de consumo masivo, entregar directamente el beneficio al usuario y transparentar un sector de mercado con empresas que se han usufructuado ilegalmente del contrabando y la sobrefacturación en perjuicio de los fondos públicos.
La tarea es muy compleja por la amplitud y diversidad de los beneficiarios. Además se vuelve más complicada debido a los poderosos intereses que afecta, los cuales están en campaña desde hace varias semanas para confundir a la población. La idea es crear zozobra en los mismos beneficiarios para que presionen que las cosas sigan igual.
La decisión del Presidente de retrazar dos meses el actual sistema de subsidio generalizado es correcta, pues a pesar de los innumerables vicios del actual sistema, se debe garantizar que los ciudadanos recibirán a tiempo y sin dificultad los 8.50 dólares mensuales del subsidio al GLP. Además se busca que el subsidio sea entregado en el mes de marzo, para que cuando se libere el precio del mercado en abril ya la población beneficiaria tenga el dinero en su mano.
Considero que el plan tendrá algunas dificultades operativas en el primer mes de implementación. Algunos distribuidores buscarán acaparar los tambos del GLP, habrá beneficiarios que todavía no reciban su dinero, etc. Los grandes medios de derecha explotarán esta situación. Pero la clave está en que el plan tenga la suficiente flexibilidad para corregir en el menor tiempo posible estas dificultades.
Ayutuxtepeque, miércoles, 26 de enero de 2011.
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