A raíz de la llegada de los Generales al mando de la seguridad pública, la voz de los sectores progresistas de la sociedad es prácticamente unánime en el sentido que nos movemos hacia la militarización de la seguridad y la sociedad en nuestro país. Muchos comentarios señalan ese peligro y sus consecuencias.
Por otra parte, los grupos conservadores y la derecha consideran que ese riesgo no existe. Mientras millones de ciudadanos ven con beneplácito o indiferencia la medida. La desesperación de la gente ante el azote delincuencial es tan grande que lo que quieren son soluciones a cualquier costo. Para este importante sector de la sociedad no importa quién esté al mando del Ministerio de Seguridad Pública y de la PNC si es capaz de resolver el problema.
Además existe la percepción generalizada que los anteriores mandos de seguridad, ligados o cercanos al FMLN, ya habían agotado la posibilidad de resolver el problema. Con la llegada en junio de 2009 del FMLN a la seguridad pública se produjeron importantes transformaciones y avances. No debemos olvidar que la PNC se encontraba en un estado calamitoso, que la inspectoría era una bufonada de mal gusto, que los centros penales eran la base de operación de las pandillas. Que el crimen organizado había penetrado el aparato de seguridad. Las anteriores autoridades de seguridad han hecho en estos dos años y medio un esfuerzo titánico para su transformación, para volverlas más eficientes, para dotarlas de recursos.
Pareciera que las anteriores autoridades habían llegado al límite de sus posibilidades. Dos años y medio es suficiente tiempo para que la población comenzara a sentir mejorías en el ámbito de la seguridad, especialmente en nuestro país, en que cada día que pasa nos cuesta una docena de asesinados.
Esta decisión presidencial divide la opinión de nuestra sociedad, por una parte, los que ven el riesgo de una vuelta a la militarización de la sociedad y consideran que esta medida no tendrá resultados y por la otra parte, aquellos que ven en esta medida la última esperanza para frenar esta situación desesperante sin importar el costo.
Ante esta realidad los sectores progresistas de la sociedad deben ir más allá de la denuncia. Es necesario crear mecanismos de monitoreo y vigilancia de la acción policial y de seguridad. Crear también mecanismos eficientes de denuncia ante violaciones a los derechos humanos. Se debe exigir que la nueva persona que asuma la Inspectoría de la PNC, tenga un compromiso con la naturaleza civil que debe tener la seguridad, criterio e independencia y contar con herramientas y recursos para la investigación de los casos y las denuncias. Es importante fortalecer el consejo académico de la Academia Nacional de Seguridad Pública con figuras intelectuales de renombre, incluyendo rectores de universidades, así como revisar los programas de estudios en los cuales debe fortalecerse el carácter civil de la PNC.
Debe fortalecerse la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos para que pueda procesar e investigar con eficiencia las violaciones policiales a los derechos humanos. Debe exigirse un plan integral de seguridad que contemple lo preventivo y no solo lo represivo. Este es solo un pequeño listado de los elementos que deben constituir la nueva agenda de las organizaciones sociales progresistas.
Ahora que el FMLN ha salido por completo del gabinete de seguridad, ya no hay pretextos para que los millonarios salvadoreños no paguen sus impuestos. Ya no hay razones para que se opongan a los “paquetazos fiscales” Ahora deben pagar con alegría, sin trampas y de ser posible, por adelantado. No hacerlo significaría traicionar a la gloriosa fuerza armada.
Mucho se rumoró que estos cambios fueron exigidos en privado por los EUA. Se llegó a decir que eran precondición para la aprobación del FOMILENIO 2 y el Programa de Asocio para el Crecimiento. Bueno, pues ahora que los norteamericanos también colaboren. Tienen en el gabinete de seguridad a gente de su simpatía, ya no está al que acusaban de la masacre de la Zona Rosa. Además el problema del narcotráfico que padecemos es consecuencia que los EUA son el mayor y más apetitoso mercado para la droga en el mundo.
Si en un año, tenemos los primeros resultados positivos, que sean medibles, que los sienta la población; si además no han sucedidos abusos policiales contra la ciudadanía honrada, si vemos que la conducta policial refleja una educación profesional, respetuosa y civil; seré el primero en reconocerlo.
Por el bien de todos me gustaría que esto sucediera.
Ayutuxtepeque, jueves, 26 de enero de 2012.
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