Las elecciones legislativas de dos tercios de los votos

 Cuando en el mes de abril de 1991, en el seno de la Asamblea Legislativa se discutía la primera reforma a la Constitución de la República, la cual facilitaría el proceso de negociación, que en ese momento se desarrollaba para poner fin al conflicto militar, se hablaba de la importancia que las elecciones de segundo grado de ciertos funcionarios fuesen por los dos tercios de los votos.

El argumento central estribaba en la importancia que estos funcionarios tienen, lo estratégico de su labor para el buen funcionamiento del Estado y la sociedad; y de ello se desprendía la necesidad que fuesen electos por un consenso mayor que el de la mayoría simple, como se hacía por esos días. El espíritu del proceso de negociación había inundado al parlamento salvadoreño. Si las partes enfrentadas en un cruento conflicto militar eran capaces de llegar a acuerdos, no había pretexto para que los legisladores también lo hicieran.

Todos sabían que en el futuro cercano el FMLN se convertiría en partido político. Estaban recién celebradas las elecciones legislativas y municipales en marzo de ese año, en las cuales había participado por primera vez una parte de la izquierda salvadoreña. Convergencia Democrática (CD) estaría representada con ocho diputados y la Unión Democrática Nacionalista (UDN) con un diputado. Estos tomarían posesión de sus cargos en la siguiente legislatura que iniciaría el primero de mayo de 1991 y tendrían la responsabilidad de la ratificación con los dos tercios de los votos de las reformas aprobadas.

No era difícil imaginar que en la siguiente elección del año 1994, el FMLN tendría participación plena en ese evento electoral, en que se elegiría Presidente de la República, diputados y concejos municipales.

La votación de dos tercios obligaría a romper, aunque fuese por un momento, la histórica polarización política que el país vivía. Abriría espacios para un debate serio y responsable sobre las cualidades y la idoneidad del funcionario a elegir. El funcionario electo tendría mayor legitimidad y respaldo pues sería votado por una mayoría calificada de los diputados. Estos eran algunos de los argumentos que se esgrimieron a la hora de discutir las reformas constitucionales.

A más de veinte años de esos sucesos, el requisito de los dos tercios tiene entrampada la elección del Fiscal General de la República y complicó la elección del tercio de magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Esta situación ha sido recurrente, baste recordar que en el 2009 fue en CAPRES donde se decidió finalmente el nombramiento del tercio de Magistrados que correspondían a la época.

Vale la pena preguntarnos ¿Por que las cosas no han salido bien? ¿Por qué no se han cumplido las buenas intensiones de los diputados que aprobaron y ratificaron  las reformas constitucionales?

El problema es que la actividad política salvadoreña pareciera que no ha evolucionado, como consecuencia de que la clase política sigue anclada en los tiempos de la guerra fría. La polarización política no ha sido superada, quizá como consecuencia que tampoco se ha superado la polarización y la exclusión económica, además de la escasa renovación de las dirigencias políticas. El ingreso del FMLN a la vida política legal, tuvo como uno de sus efectos que la polarización se formalizó en la acción política, pero no sirvió para superarla. Es decir, la polarización existente en el país antes de la firma de la paz y que tenía su máxima expresión en el conflicto armado, pasó a la lucha política legal. Cambió de escenario, pero en esencia se mantiene.

Mientras esta situación persista, la Asamblea Legislativa seguirá eligiendo en forma tardía a funcionarios de mala calidad. No debemos olvidar que cuando se ha elegido en tiempo ha sido consecuencia de repartos o combos en los cuales varias fuerzas políticas se han repartido el pastel y así han logrado los dos tercios de los votos. En esos casos se eligió en tiempo, pero la calidad de los electos era baja como consecuencia que cada partido proponía a personas de su confianza y nunca a los más capaces.

Todo esto demuestra la urgente necesidad de comenzar a construir una nueva cultura política, la cual solo podrá imperar en la medida que nuevas generaciones, con nuevas ideas y nuevos patrones de educación y cultura social, asuman la conducción de la sociedad. Pero también es necesaria la transformación de nuestra realidad. En una sociedad excluyente y autoritaria no podemos pretender tener funcionarios y dirigentes políticos democráticos e incluyentes.

Nos guste o no, los actuales funcionarios son un reflejo de nuestra triste realidad y por qué no decirlo, de nosotros mismos.

Ayutuxtepeque, jueves, 01 de noviembre de 2012.