José M. Tojeira
La semana pasada un editorial de la YSUCA hacía referencia a la fuga de capitales en El Salvador, con dirección a paraísos fiscales. Consultada la fuente que mencionaba dicho editorial se puede comprobar que desde que se dolarizó nuestra economía aumentó drásticamente la fuga de capitales hacia bancos oscuros de islas y países acostumbrados a vivir del esfuerzo ajeno.
En los diez años que van desde el 2001 al 2010, la cifra que aporta Global Financial Integrity es descomunal. Habla de 8.700 millones de dólares.
El promedio anual sería por tanto de 870 millones anuales que se van desde El Salvador a otros países que albergan paraísos fiscales.
Dinero que no paga impuestos, que no produce riqueza para El Salvador, que no se invierte en nuestras tierras a pesar de haber sido producido, al menos en parte, por el sudor de los salvadoreños. Y decimos en parte porque es posible que una proporción de esa cantidad provenga del lavado de dinero.
La Fundación Global Financial Integrity es la única que se dedica a investigar la riqueza que se dirige a los paraísos fiscales. Grandes bancos, como HSBC y CITY, por mencionar un par de bancos de los que aquí trabajaban, son mencionados por la Fundación como intermediarios para hacer llegar los dineros a esos bancos que defienden corruptamente el secreto bancario.
Y valga aclarar también que los investigadores de esta Fundación son personas que han trabajado y tenido puestos directivos en el sistema bancario internacional y que mantienen excelentes fuentes de información.
Si reflexionamos sobre lo que se le atribuye a El Salvador como fuga de capitales hacia esos agujeros negros de las finanzas, no podemos menos que pensar que existe un poderoso entramado del que se aprovechan, tal vez independientemente unos de otros, algunos grandes empresarios de El Salvador, unos pocos políticos y las personas dedicadas a dirigir el lavado de dólares en El Salvador. Sin embargo de este tema no se habla, por seria que sea la fuente, que además tiene sus estudios publicados en internet.
Preferimos hablar de las maras como del único tema que genera violencia en el país.
No hablan del tema los políticos, y sería interesante preguntarles por qué.
No hablan del tema los millonarios, y en este caso sospechamos el por qué.
Y los lavadores de dinero deben estar felices porque casi nadie habla de la descomunal cantidad de dinero que circula por El Salvador en beneficio de muy pocos. Y mientras corruptos y delincuentes celebran el silencio, la Fiscalía parece estar demasiado ocupada en otros temas como para preocuparse por esto. Y no parece que haya hipocresía en dejar las cosas como están en esta olla de corrupción.
En realidad sacar fuera del país 870 millones al año, como promedio de los años 2001-2010, significa un rudo golpe a nuestra economía.
La reducción tanto de la inversión como de los impuestos que significa ese dinero negro, implica estancamiento y dolor para muchos. A parte de convertirse en un verdadero robo al trabajo de todos los salvadoreños. La riqueza que se extrae del trabajo colectivo de todos los salvadoreños sólo puede ser administrada por manos privadas si éstas son responsables, pagan impuestos y reinvierten ganancias de tal manera que la riqueza se redistribuya desde el trabajo y el salario decente a todos y todas.
Enviar fuera dinero producido por el esfuerzo de todos es un acto de corrupción. Y enviarlo en esas cantidades es un verdadero atentado contra el desarrollo salvadoreño y contra todos y cada uno de los que somos parte de esta comunidad humana que se llama El Salvador.
Hasta ahora nuestras instituciones han sido bajo muchos aspectos cómplices, pasivos o activos, de esta corrupción. Y mientras la corrupción campea, la Asamblea legislativa se da el lujo de no nombrar magistrados en la Corte de Cuentas. Como si de nada sirviera dicha institución para frenar una corrupción que es más que evidente.
La Fiscalía no tiene plazo para investigar fuga de capitales. El Ministerio de Justicia y Seguridad está más preocupado por utilizar políticamente el tema de la violencia que por avanzar en el control de la corrupción.
El que algunos jefes de la PNC de dudosa reputación hayan sido restituidos al control del territorio salvadoreño desde que los militares tomaron el control de la seguridad, no habla demasiado bien de lo que pasa al interior de la institución.
Los jueces, especialmente los de la Corte Suprema, han sido incapaces de devolver dientes y eficacia a la oficina de Probidad de la Corte. Son los más tradicionales cómplices de la corrupción, aunque haya habido siempre una minoría entre ellos de recto criterio y trayectoria intachable.
No tiene cuenta pensar en lo que podría generar de beneficio y crecimiento para nuestro país el que la parte más sana de esa fuga de capitales se quedara como inversión entre nosotros.
Y decimos la parte más sana, porque la parte vinculada al lavado ni debería existir, ni por tanto tampoco se podría invertir en el país. Pero es seguro que sin tanta fuga nuestros índices estarían bastante mejor que en la actualidad. ANEP, que se queja sistemáticamente de la falta de inversión, no parece mirar con indignación estos datos.
Probablemente porque algunos de sus asociados, fundadores y exdirigentes incluidos, tienen responsabilidad en el asunto. Enfrentar de una vez por todas la corrupción es sin duda urgente, aunque todavía no se hable demasiado del tema.
Politizar la corrupción y achacársela a un solo sector, sea éste político, empresarial o cómplice del narcotráfico ni es justo ni es verdadero. Trabajar en serio en la tarea de desentrañar la maquinaria corrupta a todos los niveles y con un buen intercambio de información entre las instituciones es indispensable para avanzar hacia el desarrollo.
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