La Prensa Gráfica, publica este día que de 10 llamadas al 911, 8 son falsas lo cual le cuesta a la PNC y al estado millones de dolares al año en concepto de gasolina, depreciación de vehículos, tiempo de los policías, etc. Yo conozco a Gersan Pérez y sé que es un hombre honesto, de principios y valores, los cuales transmite a la unidad 911, y lo entiendo cuando se queja amargamente de los engaños a los que son sometidos sus hombres por impunes cobardes.
Pero lo risible es que estas llamadas se dan dentro de un marco legal que las prohibe tajantemente y además establece claramente la acción legal que se debe hacer con una persona que utilice el sistema para hacer dicha llamada pero que no se cumple.
En nuestro código penal se establece en su artículo 304 que : “El que denunciare ante funcionario judicial o cuerpo de seguridad que tenga obligación legal de proceder a la investigación, un delito imaginario o simulare pruebas materiales en apoyo de la simulación, sin culpar a persona alguna determinada, pero con el propósito de que se inicie un procedimiento judicial o policial para la averiguación del hecho simulado, será sancionado con prisión de uno a cuatro años”.
La sanción legal“En la misma sanción incurrirá el que efectuare llamadas telefónicas falsas al sistema de Emergencias denominado 911 o su equivalente de la Policía Nacional Civil o a cualquiera otra dependencia o Unidad Policial.”
Hasta la fecha no existe ningún procesado por un delito de este tipo, es decir que así como este tenemos muchos delitos que estan tipificados como tales pero que no se les dá importancia debido a que no existen precedentes de acciones punitivas a pesar de que la misma ley las establece.
En buen salvadoreño si no joden a nadie porque hace mal uso del número de emergencia, las llamadas falsas seguirán, en el momento en que metan preso al dueño de un teléfono desde el cual se hace una llamada telefónica falsa, estas se acabarán.
Y si no se encuentra al imputado por no tener dirección correcta, pues que se desconecte la línea por ser «de posible uso para actos terroristas» y luego se multe fuertemente a la empresa telefónica por permitir una línea sin identificación y así en cadena, hasta ir soldando nuevamente todos los eslabones rotos de nuestra institucionalidad.
Lo que sucede es que este ha sido el país de las maravillas, en el que tiene poder hace lo que quiere y detrás de él está todo un ejército de arrimados y oportunistas que recogen las migajas de ese poder y también se aprovechan de la debilidad institucional que nos han heredado los 20 años gobierno arenero.
Y si el nuevo gobierno comienza a «socar las pitas», serán los primeros en aullar lastimeramente por la «pérdida de libertades», que les permitían hacer lo que quisieran.
Las leyes están, solo hace falta hacerlas cumplir y si el gobierno de Funes no se atreve a hacerlo, pues entonces seguiremos en el mismo caos y anaquía en el que hemos estado viviendo.