El asesinato de los sacerdotes jesuitas de nuevo en la coyuntura nacional.

Terminada la vacación de agosto hemos regresado a encontrarnos con la coyuntura del juicio en España contra los militares que asesinaron a los sacerdotes jesuitas en noviembre de 1989. Los medios de comunicación nos presentan un impresionante debate jurídico en el cual participan abogados, generales, políticos, religiosos, entrevistadores, empresarios, filósofos, analistas y comentaristas. Las más increíbles tesis jurídicas en materia de derecho internacional, extradición, derechos humanos, crímenes de lesa humanidad, soberanía nacional, justicia universal, tribunales internacionales, jurisdicción, constitucionalidad, han sido expuestas en los distintos programas de opinión.

 Todo el debate es de procedimientos jurídicos, de procesos legales, sin que se aborde el fondo del asunto.

 Nadie discute sobre la inocencia o culpabilidad de los militares involucrados. Moros y cristianos, están de hecho, de acuerdo en que los imputados en el caso llevado por el juez de la audiencia nacional española son los culpables del horrendo crimen. Todos los opinantes condenan la masacre como un simple formalismo y continúan el debate de forma.

 El fondo de todo esto es que la paz que se logró en 1992 fue sobre la base de la impunidad para todos los crímenes cometidos durante la guerra. Este es el gran acuerdo no firmado en ningún documento pero cumplido con fidelidad absoluta. No fue ni siquiera perdón y olvido. Fue simplemente olvidar. Como si no hubiera pasado nada. Mesa limpia para todos.

 Durante los años del conflicto armado interno ambos bandos cometieron múltiples crímenes y violaciones a los derechos humanos. Se puede alegar que del lado gubernamental fue más sistemática la violación a los derechos humanos y el número de delitos cometidos es inmensamente mayor que la insurgencia, pero también ésta cometió atrocidades. El punto no era quien había cometido más crímenes, el quid del asunto era que las dirigencias de ambos bandos hubieran terminado en la cárcel con largas condenas si, al menos algunos casos, los más emblemáticos, se hubieran juzgado.

Si este acuerdo tácito no hubiese existido, muy difícilmente la guerra hubiera terminado en esos días. Nadie aceptaría firmar la paz para luego ir a la cárcel. Por ello la seguridad debía ser para ambas partes, pues si una de ellas abría un caso, la otra abriría otro caso y así empezaría una espiral interminable. La amnistía aprobada en abril de 1993 fue el seguro legal para todos ellos. No es casualidad que esta se aprobó en el contexto de la presentación pública del informe dela Comisión de la Verdad.

 Es importante recordar que cuando la Asamblea Legislativa aprobó la ley de amnistía en abril de 1993 el FMLN no tenía aún diputados, ellos tuvieron representación legislativa hasta después de las elecciones de 1994. Por tanto, la situación era cómoda para el FMLN, pues no tenían involucramiento en el adefesio jurídico que nacía. Situación similar a cuando se aprobó este año el nefasto decreto 743.

 Al revisar estos casi veinte años de historia desde que se firmó la paz, no hay acciones serias del FMLN para promover procesos contra militares involucrados en crímenes de guerra, tampoco hay acciones de la parte contraria. Muchos familiares de las víctimas que han clamado justicia en estos años, pueden dar testimonio que el FMLN nunca los apoyó pública y oficialmente en sus demandas, igual muchos que han buscado el lado oficial para que se haga justicia en los casos de crímenes cometidos por la antigua guerrilla.

 Son las organizaciones de Derechos Humanos y de la sociedad civil las que han acompañado a las víctimas en la búsqueda de la justicia ante la apatía e indiferencia de ambas partes involucradas en el conflicto.

 Esta complicidad silenciosa de los actores de la guerra, se acompaña de discursos llamando a la sensatez, a no abrir las heridas del pasado, a no atentar contra la paz y la estabilidad, a cerrar la negra noche de la historia que vivimos. En este discurso se acompaña también de recordatorios de que en ambos lados hubo cosas malas, para enseñarse un poco las uñas. Se habla de no tirar la primera piedra.

 La historia de la humanidad nos enseña que para poder juzgar a los criminales de guerra hay que derrotarlos primero y además dejarlos en una situación tal que no puedan defenderse. Las derrotas deben darse en el terreno militar, en el político o en ambos. Nunca se juzgan los crímenes de los que ganan, o para ser más precisos, de los que no son derrotados. Es por ello que no hay castigo para los criminales que tiraban NAPALM en las selvas vietnamitas, no hay juzgamientos para los responsables de las horrendas masacres cometidas en Afganistán por los antiguos soviéticos. Pero si se juzgó a los nazis y más recientemente a los criminales de la guerra de los Balcanes.

 Los mismos españoles tienen su historia. Todos los crímenes y atrocidades cometidas en las décadas de régimen Franquista nunca fueron enjuiciados. Los españoles echaron tierra sobre ese negro pasado, en aras de construir la democracia que ahora viven.

 El Salvador no es entonces, la excepción de la historia. Aquí la guerra terminó sin vencedores ni vencidos, por tanto, sin juzgamientos para nadie. La realidad señala que las derrotadas fueron las víctimas y sus familias. Humildes familias de soldados, de guerrilleros y de población civil que no puede clamar por justicia ante nadie. Lo peor es que ni siquiera hubo mecanismos o formas de resarcimiento o compensación moral o económica para todos ellos.

 Este es el fondo que se encubre con todo este debate público sobre las formas y los procedimientos jurídicos, que de seguro continuará por un tiempo. Mientras tanto las víctimas seguirán tocando puertas, que en algunos casos se abrirán como sucede ahora con el juez de la audiencia nacional española.

 Ayutuxtepeque, miércoles, 10 de agosto de 2011.