El pasado jueves 28, la Asamblea Legislativa aprobó un decreto mediante el cual prorroga un mes más los DUIS que se vencen al último de enero. Además aprobó una serie de recomendaciones para el RNPN y DOCUSAL, en el sentido que mejoren el servicio que brindan al ciudadano. Con este decreto los diputados tranquilizaron sus conciencias pues hicieron algo por los ciudadanos. El problema es que lo que han hecho es apenas poner un parche en un problema complejo de enfrentar y resolver.
El 20 de enero escribí un comentario titulado “Se agravan los problemas para obtener el DUI”, donde analizaba los problemas que tiene la ciudadanía para renovarlo. Señalaba que al final del mes unos cientos de miles de salvadoreños se quedarían técnicamente indocumentados.
Los cálculos hechos por los diputados estiman que aproximadamente unos 280,000 salvadoreños no lograrán obtener el documento en Enero. Si tomamos en cuenta que el estimado del RNPN es que 357,767 ciudadanos debieron renovarlo en este mes, significa que solo unos 80,000 ciudadanos lo han logrado obtener, esto representa menos del 25%.
Según los cálculos del RNPN en febrero deben renovar el documento unos 290,000 salvadoreños y salvadoreñas, si a esto le agregamos que también deberán sacarlo los aproximadamente 280,000 que se quedaron rezagados de enero, la cifra casi se duplica. Lo primero que salta a la vista es que la infraestructura que tiene en operación DOCUSAL será insuficiente.
Pero además no se ha hecho un estudio para determinar las razones que tiene el ciudadano para no renovarlo. Hay al menos dos factores que inciden en esto. Primero lo oneroso que resulta obtener el documento, ya que a los 10.31 dólares que cuesta hay que agregar los costos de la certificación de la partida de nacimiento, el viaje al municipio donde somos originarios, y el viaje al DUICENTRO ya que solo hay unas 33 oficinas en todo el país. El segundo factor es la pérdida de tiempo que implica toda la tramitología. Que incluye perder un día en hacer la fila frente al DUICENTRO.
Estos problemas no son abordados por la decisión que tomó la Asamblea Legislativa, excepto por las recomendaciones, que quedan a criterio del RNPN y DOCUSAL tomarlas o no en cuenta. Por tanto el problema volverá a presentarse cuando lleguemos a finales de febrero y será más complicado de resolver.
Si se le quiere entrar en serio al asunto la Asamblea debe considerar la posibilidad de que se elimine la obligatoriedad en presentar la partida de nacimiento. Esta no es necesaria en todos los casos pues ya la presentamos cuando obtuvimos el documento la primera vez. Ésta solo debería exigirse a los que lo obtienen por primera vez y los que necesitan actualizar su nueva situación civil, pues esta se margina en el documento.
También el Presidente de La República puede modificar el reglamento para la obtención del DUI, eliminando este requisito para el caso de las renovaciones sin cambio de estatus civil. Esta sugerencia ya se la hizo formalmente al Señor Presidente el partido Cambio Democrático, pero todavía no se conoce su respuesta.
Además se debería de considerar la posibilidad de disminuir el costo de la obtención del DUI ya que es demasiado caro. Es evidente que el alto costo está determinado, en lo fundamental, por la voracidad de la empresa maquiladora. Si esto no fuese posible por razones contractuales se debería evaluar rápidamente la posibilidad de ampliar la base del subsidio que por ahora solo se dará a los municipios con mayor índice de pobreza extrema, considerando que en todos los municipios hay personas en esa misma condición. Incluso se debería pensar en un subsidio parcial donde el Estado solo absorba una parte del costo.
Se debe exigir a DOCUSAL que aumente considerablemente el número de DUICENTROS. Antes los ciudadanos podían obtener su Cédula de Identidad Personal en las 262 alcaldías, además allí también obtenían su Carné Electoral. En la actualidad con solo 33 locales a nivel nacional, se obliga al ciudadano a recorrer grandes distancias. Por tanto de debería exigir a la empresa que tenga al menos cien locales de los cuales 85 deben estar en los municipios mas poblados y los quince restantes por criterio de distancias.
Esto no es difícil de hacer, ni técnica ni logísticamente. Pero estoy seguro que la empresa va a decir que no es posible, ya que en el fondo se reducen un poco sus márgenes de ganancia.
La Junta de Vigilancia Electoral, integrada por todos los partidos políticos legalmente inscritos, tiene destacado en forma permanente un equipo de delegados en los DUICENTROS y gracias a una reforma al Código Electoral que se logró el año pasado, tiene la facultad de supervisar el proceso de entrega del DUI.
Ellos podrían proveer a la Asamblea Legislativa y al Órgano Ejecutivo de valiosa información operativa sobre los procesos de tramitación del documento y sus principales cuellos de botella. Además deben ser una instancia permanente de monitoreo de la calidad de la atención que reciben los ciudadanos.
Pero la solución definitiva, en el mediano plazo, es que sea el Estado quien asuma la maquila del documento. Ya lo hemos dicho en varias oportunidades, que somos el único país de América Latina que privatizó este servicio, volviéndolo el más caro del mundo y uno de los más ineficientes. Para ello deben tomarse las medidas pertinentes con anticipación, de manera que no nos veamos obligados cuando termine el actual contrato a tener que prorrogarlo de nuevo.
Como se puede observar, mucho se puede hacer, pero requiere voluntad política. Esperemos que nuestros diputados, tomen cartas en el asunto.
Ayutuxtepeque, lunes, 01 de febrero de 2010.
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