En abril del año 2000 se apboró en la Asamblea Legislativa de El Salvador decreto numero 888 publicado en el diario oficial en mayo del mismo año, que lleva por título: LEY DE EQUIPARACIÓN DE OPORTUNIDADES PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD en cuyo capítulo V, artículos 24 y 25 se declara textualmente:
Art. 24.- Todo patrono privado tiene la obligación de contratar como mínimo por cada veinticinco trabajadores que tenga a su servicio, a una persona con discapacidad y formación profesional, apta para desempeñar el puesto de que se trate.
Igual obligación tendrá el Estado y sus dependencias, las instituciones oficiales autónomas, las municipalidades, inclusive el Instituto Salvadoreño del Seguro Social y la Comisión Hidroeléctrica del Río Lempa.
Para determinar la proporción de trabajadores establecida en el inciso anterior, se tomará en cuenta a todos los obreros y empleados de las Instituciones señaladas.
Art. 25.- Los obligados a contratar los trabajadores a que se refiere el artículo anterior dispondrán de un año, contado a partir de la vigencia del presente Decreto para cumplir con tal obligación.
Si no la cumplieren dentro de ese plazo, se sujetarán a lo que establece el artículo 627 del Código de Trabajo y al procedimiento establecido en la Sección Segunda del Título Unico del Libro Quinto del mismo Código; sin perjuicio de cumplir en el tiempo que determine el Director General de Trabajo, con lo establecido en el artículo anterior.
Art. 26.- Se fomentará el empleo de trabajadores con discapacidad, mediante el establecimiento de programas de inserción laboral.
Esto quiere decir que en una empresa de 100 colaboradores, al menos 4 deberían ser discapacitados y todos sabemos que eso no es cierto, muy pocas empresas en El Salvador cumplen con este requisito de ley, que tal como está redactada la ley es de caracter OBLIGATORIO, incluyendo al estado salvadoreño.
En abril de este año José Miguel Insulza, secretario general de la OEA declaró que el 80% de la población discapacitada latinoamericana vive en la pobreza, declaración brindada en el marco de la III Reunión del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra Personas con Discapacidad, cuya sede fué nuestro país.
Entonces Mauricio Funes declaró a la prensa:
“Yo me comprometo a priorizar sus derechos, y hemos dado algunos pasos desde la Secretaría de Inclusión, donde se está trabajando por abrir 400 empleos para las personas de la tercera edad, madres solteras y personas con discapacidad”
En su discurso alusivo a este evento el Presidente de El Salvador ya había dicho lo siguiente:
“A la par las distintas jurisdicciones del gobierno central han comenzado a poner en vigencia la ley que promueve el empleo de personas con discapacidades. Una primera iniciativa en este sentido es el convenio que ha firmado la Secretaría de Inclusión Social que dirige mi esposa con la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados, para la contratación de 400 nuevos empleados en los que se encuentran no solo personas con discapacidad, sino también adultos mayores sin ingresos, jóvenes sin ingresos y mujeres jefas de hogar, muchas de ellas madres solteras.”
Hasta ahí esta bien todo porque, “SOLO SON PALABRAS BONITAS”, como diría cualquiera que se encuentre inmerso en la coyuntura sociopolítica en la que estamos actualmente, exigiríamos hechos concretos y comenzaríamos a despotricar sobre que este gobierno es mas de lo mismo, que no cumple lo que promete, etc., etc.
Sin embargo, esta semana me dí cuenta que varias empresas han sido visitadas por personeros del Ministerio de Trabajo para revisar el estado de cumplimiento de esta disposición y advertir que pronto se hará una inspección en la que se verificará el cumplimiento de la mencionada ley que desde su emisión y publicación en el año 2000 dormía el sueño de los justos con la anuencia de los Ministerios de Trabajo de las anteriores administraciones.
Los los dueños de estas empresas están algo alarmados porque la visita iba acompañada de las advertencias de que al realizar la inspección y no encontrar la debida proporción de colaboradores con discapacidad de acuerdo al numero de empleados se harán inmediatamenet acreedores a las multas respectivas y a las sanciones correspondientes, algunos gerentes de recursos humanos están comenzando a buscar listados de posibles candidatos para cumplir la normativa, 10 años despues de que fué aprobada y se convirtiera en ley.
Esto, si se lleva a feliz término constituye una clara muestra de algunas cosas si están cambiando, porque si se logra hacer cumplir una ley que data desde el año 2000 se dará un paso muy positivo a favor de la institucionalidad del estado, porque aquí, el incumplimiento de nuestra legislación ha sido la norma, el pasar sobre la constitución de la república y sobre todo nuestro marco legal ha marcado a los gobiernos anteriores y si no se dan pasos concretos buscando la recuperación de la institucionalidad verdaderamente no habrá valido la pena sacar a ARENA del poder.
Nos alegra que la población discapacitada por fin contará con el respaldo efectivo de sus derechos y esperamos que la parte del eslogan de gobierno que dice: “Incluir” se convierta en algo mas que una frase bonita al estilo de las que tenía nuestro estimado y siempre recordado ex-presidente Tony Saca.
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