En un país cuya democracia tiene un alto nivel de desarrollo y estabilidad, los procesos electorales son momento de oxigenación de la sociedad y se perciben como una oportunidad para lograr mayor desarrollo y bienestar. Los eventos electorales se convierten en la posibilidad de corregir los errores, de darle continuidad a lo positivo o bueno y de equilibrar nuevas formas de poder. Pero además, por su propia naturaleza, las elecciones son una oportunidad para la más amplia participación de todos los ciudadanos. Las democracias modernas y consolidadas se caracterizan por promover y facilitar la más amplia y diversa participación de todos los ciudadanos.
Los científicos sociales consideran que ni una guerra moviliza tantas voluntades, como lo hace la democracia el día de las votaciones. Por ello, democracia y elecciones son sinónimo de participación y entre más amplia y diversa sea esta, mayor es el beneficio que se le proporciona al conglomerado social.
En El Salvador hemos venido lentamente avanzando de una democracia muy elemental y con escasa participación hacia una más plena y completa. A principios de los años ochenta del siglo pasado, el sistema electoral se abrió hacia una participación más equitativa de las distintas fuerzas políticas. Con ello se rompió el viejo esquema, de los años sesenta y setenta, de un solo partido dominante que controlaba la totalidad del aparato electoral y por lo tanto era dueño de todo el proceso. Luego con los acuerdos de paz firmados en 1992, hubo una segunda reforma política y electoral cuya importancia histórica fue que se dio por terminada la última exclusión política. Con la incorporación de la antigua guerrilla a la vida política, se cerró la última brecha de autoritarismo que vetaba la participación de un importante y numeroso sector de la sociedad.
Con la incorporación de la guerrilla y su transformación en partido político la democracia salvadoreña se abrió a la más amplia participación. Ahora, a casi veinte años de ese momento, nos parecen ridículos los argumentos tanto legales como jurídicos que se esgrimían para justificar la exclusión. Todavía algunos recordamos el argumento constitucional, que se refería a las doctrinas exóticas, anárquicas y contrarias a la democracia. Se esgrimía el texto constitucional para impedir la participación electoral, pero lo grave es que luego venía, como complemento necesario, la represión y el exterminio.
Por ello ahora preocupa que la lógica de los viejos argumentos autoritarios comience a florecer en esta contienda electoral. La democracia y de manera especial, la democracia electoral significa seguridad en las reglas e incertidumbre en los resultados. Pero pareciera que en nuestro país con el objeto de lograr alguna certidumbre en los resultados se busca torcer y volver inseguras e ineficientes las reglas. Pareciera que los temores que afloran cuando nuevos actores plantean la posibilidad de participar, lleva a tradicionales sectores a correr a buscar la forma de retorcer la norma primaria de nuestra sociedad.
En el pasado, el miedo a perder las elecciones llevó al grupo de poder tradicional a la violación permanente de la normativa y al pisoteo del Estado de Derecho. Eso fue lo que sucedió en 1972 cuando “legalmente” le robaron las elecciones a José Napoleón Duarte, eso mismo volvió a suceder en 1977. En estas acciones, al mancillar el Estado de Derecho para generar certidumbre en los resultados electorales a favor del viejo grupo de poder económico, fueron creando las condiciones para los doce años de conflicto armado interno que padecimos.
Un pueblo inteligente no comete dos veces el mismo error. Especialmente cuando sus consecuencias han sido terribles. Además necesitamos avanzar hacia un mundo más global, interconectado y competitivo. Por ello debemos de comportarnos como pueblo con la mínima seriedad y responsabilidad.
Ayutuxtepeque, martes 05 de febrero de 2013.
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