Por BetotroniK 
Todos los Gobiernos de El Salvador desde la Independencia en 1821 han hecho nada para favorecer al pueblo salvadoreño pero a partir del primer gobierno de ARENA, la situación se volcó más a favorecer la Empresa Privada, (la Oligarquía), y entre ellos han sido los Empresarios del Transporte Público.
Actualmente muchos le echan la culpa al Presidente y principalmente al Viceministro de Transporte, en segundo lugar a la PNC y por último a la Fiscalía General de la República de no poder resolver todos los accidentes viales que ocurren actualmente y por no poder erradicar o evitar las desgracias que han sido últimamente.
Todas éstas instituciones han aplicado la Ley al pie de la letra y a causa del inmenso número de accidentes actuales, la PNC ha aplicado los correspondientes castigos tales como imposición de multas, decomiso de licencias y secuestrar las unidades cuyos conductores cometan faltas gravísimas o que los motoristas anden alcoholizados o endrogados.
Los Empresarios y los conductores por docenas de años se han negado a pagar las multas e indilgan una sarta de improperios a éstas instituciones por el simple hecho que no los dejan hacer las cosas a sus maneras. Los Medios de Comunicación hacen su parte y también le echan la culpa al Ejecutivo por no ejecutar las leyes a cabalidad.
Pero nadie de los detractores del Ejecutivo dicen que los culpables de que la Ley de Tránsito no se cumpla son los Diputados de la Asamblea Legislativa ya que ellos aprueban la Ley pero siempre que los Transportistas peticionan que se les condonen las multas, ellos obedientemente se las perdonan o prorrogan la aplicación de las nuevas Leyes de Tránsito (que son más severas para ellos) que se han aprobado para que los Transportistas y los Motoristas tengan un comportamiento excelente y que evitaría tanta desgracia que están sucediendo actualmente.
A quienes se debería culpar, más que todo, por éste caos que están provocando los motoristas; después de la gran irresponsabilidad de Empresarios y motoristas son los Diputados de la Asamblea Legislativa, dónde, desgraciadamente, algunos Diputados son propietarios de buses. También por la corrupción existente en la Asamblea y los intereses creados existentes contribuye más a que no se aplique la Ley de Tránsito .