Sobre los teléfonos celulares en los Centros Penales.

En cada requisa que las autoridades hacen al interior de los centros penales decomisan decenas de celulares y de chips para los mismos. Ello es un claro indicativo, que estos entran en forma masiva a las cárceles. Durante los gobiernos de ARENA, las medidas de prevención se concentraban en las visitas de los familiares de los reos. Muchos de ellos sufrieron verdaderos vejámenes (especialmente las Mujeres) para poder visitar a sus parientes.

 En varias ocasiones encontraron celulares o chips que intentaban meter los visitantes al interior del penal, con esto justificaban las severas medidas de registro a las visitas. Pero quedaba la interrogante, pues en cada cateo o requisa se decomisaban decenas de aparatos telefónicos. Era de lógica elemental pensar que estos no entraban de uno en uno.

 Ha sido en la actual administración del Presidente Funes, que las cosas comienzan a verse en su verdadera dimensión. El problema de la corrupción en los centros penales es grave y generalizado. En esta corrupción están involucrados los vigilantes, muchos maestros que laboran en las escuelas que funcionan al interior de los centros penales, personal de salud que atiende clínicas para los reos, los encargados de diversos servicios como la alimentación, etc.

 El día de ayer tuvimos un buen ejemplo de cómo los celulares y los chips entran en forma masiva a los penales. Me quedan dudas sobre la historia que contaban los encargados del camión que llevaba la alimentación sobre que fueron asaltados en el camino y allí les implantaron los aparatos en medio de la comida. Pero sin duda, el decomiso es un éxito de las autoridades penitenciarias.

 Las autoridades competentes, especialmente la Fiscalía, tienen muchas pistas para poder investigar, lo extraño es que pareciera que no las siguen. Cuando una persona adquiere un celular, aunque sea de pre pago, firma un contrato donde quedan sus datos personales como el nombre y número de DUI. Muchos de los celulares decomisados pueden haber sido adquiridos en el país. Las autoridades deberían solicitar esta información a las empresas de telefonía.

 Si estos aparatos y chips, vienen directamente del extranjero y no hay nadie que localmente aparezca responsable, habría que investigar a través de qué mecanismo los delincuentes logran activarlos y usar las infraestructura de las telefónicas. Si las empresas telefónicas se negasen a proporcionar la información y los apoyos requeridos, deberían ser denunciadas por las autoridades y buscar los castigos que la ley estipule. En la práctica se volverían cómplices de los delincuentes.

 Pero de esto nada se sabe, nada se informa a través de los medios de comunicación. Lo único que nos dicen es que las requisas en los penales son frecuentes y que la cantidad de aparatos que decomisan es cada vez mayor. Cabe la posibilidad que las autoridades hayan decidido no informar de esto para no entorpecer las investigaciones, en este caso tendremos pronto resultados positivos. De lo contrario la ciudadanía debe exigir explicaciones y pedir se deduzcan responsabilidades.

 Cuando el actual Director de Centros Penales ocupó el cargo, era notorio que conocía poco del tema. Esto provocó que varios partidos de oposición pidieran que la Asamblea Legislativa recomendara al Presidente que lo despidiera. Pero ahora hay que reconocer que está aprendiendo rápido y poniendo en práctica los conocimientos. Además en las entrevistas que ha brindado a diferentes medios de comunicación demuestra un interés por seguir aprendiendo y mejorar su actuación.

 Es notorio que las cosas van cambiando en los centros penales, considero que la participación de la Fuerza Armada puede ser un elemento positivo, que ayudará mucho. Es clave que a corto plazo, los centros penales dejen de ser una base de operaciones de la delincuencia.

 El trabajo que tienen por delante es grande y complicado. Se necesitan muchos recursos. Pero hay buenas ideas que esperaremos ver pronto puestas en práctica.

 Ayutuxtepeque, martes, 08 de junio de 2010.

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