Sobre la sentencia de inconstitucionalidad en la elección de magistrados CSJ

Nuevamente una resolución de la Sala de lo Constitucional abre una coyuntura política en la vida nacional. Ahora llegó el turno al segundo tercio de magistrados de la CSJ nombrados en la pasada legislatura, cuya elección ha sido declarada inconstitucional. Todo indica que aun no se cierra el ciclo que comenzó en julio de 2010 con la resolución de la misma Sala sobre las candidaturas independientes. Son casi dos años de confrontación permanente entre la Asamblea Legislativa y la Sala de lo Constitucional, situación que muchos han denominado “Pleito de poderes”.

Hasta hoy en la historia salvadoreña, nunca se había presentado un pleito entre poderes del Estado (Ahora denominados “Órganos”) tan prolongado. Además tiene la particularidad que no se puede resolver en la misma forma en que históricamente se arreglaban estos asuntos, con un Golpe de Estado, mediante el cual, llegaban los militares a poner en orden a los civiles.

Si analizamos el fondo de esta situación, encontraremos que todo este conflicto tiene a la base que por primera vez hay una Sala de lo Constitucional que actúa con independencia de los otros dos Órganos del Estado. Como consecuencia de esta forma independiente de pensar y actuar surgen nuevas interpretaciones de nuestra Constitución de la República y surgen acciones justicieras que buscan poner orden ante ancestrales abusos cometidos por los otros Órganos del Estado.

Es probable que las interpretaciones que ha hecho la Sala, de nuestra Constitución, signifiquen “estirar” demasiado su contenido. Es probable que en muchas resoluciones hayan ido más allá de sus atribuciones formales. Es probable que hayan cometido algunos errores. Pero todo esto es consecuencia de iniciar un camino nuevo que nunca nadie se atrevió a recorrer. En todo caso, muchos más errores y desaciertos se han cometido en los otros dos Órganos del Estado. Aunque los errores de unos, no pueden servir para justificar los errores de los otros.

El problema es que, cada uno a su manera, los tres órganos del Estado han creído que lo que deciden es “palabra de dios” (Así, con “d” minúscula). Las resoluciones de la Sala de lo Constitucional y de la Corte Suprema de Justicia, se han considerado “palabra de dios”. Las decisiones de la Asamblea Legislativa han sido también “palabra de dios”. Las decisiones presidenciales, igual. De esta forma la ciudadanía salvadoreña ha visto violados sus derechos, por estos tres dioses, cuyos designios han sido inapelables.

En este mini Olimpo de dioses, el más poderoso ha sido el Presidente de la República, luego la Asamblea Legislativa, que en las últimas décadas ha ganado mayor protagonismo. Solo quedaba el Órgano Judicial, que por surgir de elección secundaria, había sido el más débil y dependiente de los tres. Esa dependencia de unos hacia otros ha impedido que los tres asuman un rol que es fundamental en cualquier democracia: la mutua vigilancia y supervisión entre ellos.

Hasta hace unas dos décadas, la Asamblea Legislativa hacía lo que le ordenaba el Presidente de la República. En Casa Presidencial se cocinaban los decretos legislativos. Luego el Presidente los sancionaba y todo funcionaba en santa paz. Al final del gobierno de Napoleón Duarte, las cosas comenzaron a cambiar cuando el PDC perdió la mayoría Legislativa y esta fue ganada por el partido ARENA. La dinámica de confrontación entre el Ejecutivo y el Legislativo que se produjo a partir del primero de mayo de 1988 y que duró hasta el final del gobierno de Duarte, fue de igual o más crudeza que la que vemos ahora ente el Legislativo y la Sala de lo Constitucional. La diferencia es que en esos días nadie habló de choque de poderes.

Durante la mayor parte de “los veinte años de ARENA”, el Ejecutivo generó una dinámica de negociación con los partidos de derecha (ARENA, PCN y PDC) para resolver todos los asuntos que requieren mayoría simple y otra dinámica para entenderse con el FMLN, cuando necesitaba de este para obtener los dos tercios de los votos. Durante los primeros tres años del gobierno de Funes la relación con el Legislativo ha sido similar. Funes se ha entendido fundamentalmente con un grupo de partidos (FMLN, GANA y PCN) con los cuales tenía la mayoría simple y calificada.

Esto explica, en alguna medida, la enorme resonancia que ha tenido el actuar de la Sala de lo Constitucional, que comienza a emitir resoluciones sin negociar con los otros dos Órganos del Estado y lo que es peor, en contra de algunas de sus decisiones.

Para resolver los conflictos que se presentan entre el Ejecutivo y el Legislativo, hay un mecanismo previsto en nuestra Constitución. Si el Presidente está en contra de un decreto legislativo simplemente lo observa o lo veta. Si la Asamblea logra un acuerdo puede superar el veto o la observación del Presidente. Esto es una norma para dirimir conflictos. En el caso de las resoluciones de la Sala de lo Constitucional no hay este tipo de mecanismo. Por tanto, el conflicto se vuelve frontal y hasta brutal. Ahora resulta que el único que tiene “palabra de dios”, es quien ha sido el más débil de los tres.

Las cosas pueden enredarse aún más de lo que ya están. La actual Asamblea Legislativa tiene una correlación de fuerzas políticas distinta de la anterior. Por tanto el Presidente necesitará de ARENA para las decisiones de mayoría calificada, pero la tripleta FMLN, GANA y el CN (Antes PCN) siguen siendo necesarios en la mayoría simple. Si tomamos en cuenta que comienza a operar la dinámica pre electoral presidencial, ARENA será muy cuidadosa en su relación con el Ejecutivo, en muchos casos le convendrá la confrontación con este y en otros le cobrará la marginación en la pasada legislatura. Si a todo esto se le agrega que no termina el conflicto con la Sala de lo Constitucional, todavía está pendiente la resolución sobre el recurso de inconstitucionalidad en la elección por segunda vez en la pasada legislatura del Fiscal General de la República, podremos tener un conflicto al estilo de relevos australianos en la lucha libre.

Sería bueno pensar que todo esto, no es más que el dolor del parto. Que está por nacer una más renovada institucionalidad democrática. Que este conflicto sienta las bases de una democracia formal con más desarrollo. Que en el fondo lo que estamos viviendo es una especie de “Primavera Guanaca” de la cual surgirán instituciones democráticas fortalecidas y que se sentarán las bases para iniciar la solución de los grandes problemas que nos abaten. Ojalá así fuese todo. Pero también hay interpretaciones siniestras, las cuales abordaremos en otra oportunidad.

Ayutuxtepeque, domingo, 10 de junio de 2012.

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4 comments for “Sobre la sentencia de inconstitucionalidad en la elección de magistrados CSJ

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