Sobre el Caso Jesuitas de la UCA. Parte 2

Los días posteriores a la masacre en la UCA de los padres jesuitas y sus colaboradoras, fueron de total incertidumbre, la gente lo comentaba entre sí, ¿Qué va a pasar ahora?, ¿A quién más van a matar?, ya se sabía que el ejército había ametrallado colonias enteras con civiles en ellas, la

El patético intento del gobierno por acusar al FMLN de esta muerte quedó únicamente en un intento, pues la gente en las calles sabía y comentaba por lo bajo, qué institución había sido.

La noche del crimen, se había montado un operativo militar de más de trescientos efectivos entre oficiales, clases y soldados, los asesinos salieron de la Escuela Militar, cerca de la Universidad, entraron impunemente al campus, cometieron el horrendo crimen y se retiraron nuevamente hacia la escuela militar bajo la custodia de un operativo que no iba a cuestionar nada.

Algunos de los asesinos eran miembros del siniestro Batallón Atlacatl y fueron enviados al día siguiente a combatir en Mejicanos y Zacamil, junto a su batallón, por la tarde de este día desde un vehículo militar con bocinas perifoneaban:

“Seguimos matando comunistas. Ya han caído Ellacuría y Martín-Baró. Ríndanse. Somos de la Primera Brigada”.

Esta confesión y amenaza la escuchó monseñor Rivera Damas y monseñor Rosa Chávez, quien la denunció pero no se hizo mayor caso.

El gobierno intentó ocultar los hechos de diversas formas, en el lugar del crimen hicieron pintas aparentemente del FMLN atribuyéndose el crimen, internacionalmente habían “emisarios” del gobierno que hacían una ofensiva diplomática para minimizar la participación del ejército en crímenes y masacras que en Washington pregonaban que el FMLN quería matar a Ellacuría porque el presidente Cristiani le había pedido que participara en una investigación sobre un atentado dinamitero en la sede de FENASTRAS una federación sindical en octubre de 1989, antes de la ofensiva, en la que supuestamente el propio FMLN había cometido el atentado como una purga interna y para crear mártires para la ofensiva.

El ministerio de Relaciones Exteriores tenía un guión para todos sus diplomáticos cuando las preguntas se encaminaban al señalamiento del ejército salvadoreño como perpetrador de la masacre:

“No debe olvidarse que en cualquier caso, la atribución de tal hecho al gobierno o al ejército salvadoreño carece de todo fundamento moral y jurídico y no debe tomarse más que como una estrategia de los grupos terroristas tendiente a desestabilizar la democracia de la Nación. Debemos tomar en cuenta asimismo, que el beneficiario inmediato de este crimen es el FMLN que lo utiliza internacionalmente en su favor”.

El día 17 de noviembre en la prensa nacional la Fuerza Armada Publicó una esquela en la que condenaba “enérgica y terminantemente” la “la criminal acción terrorista perpetrada este día, en horas de la madrugada…” presentando la lista de víctimas, similar publicación hizo el gobierno de El Salvador de manos del Presidente Cristiani.
En otro comunicado el Presidente Cristiani decía que este atentado era un golpe a la democracia salvadoreña en estos términos:

“Con este múltiple crimen se pretende desestabilizar el proceso democrático en El Salvador”

Designó a la Comisión Investigadora de Hechos Delictivos (CIHD), que era una dependencia del gobierno, buscar a los responsables de las muertes, La CIHD era una dependencia del Ministerio de Justicia impulsada por el Gobierno de los Estados Unidos para vigilar e investigar crímenes en los que la Fuerza Armada Salvadoreña estuviera involucrada, pero era dirigida por un militar de la misma institución castrense.

El verdadero efecto de esta masacre no se dio en el país, sino en el ámbito internacional, todo el mes de diciembre de 1989, el gobierno mantuvo su postura de culpar a la guerrilla, pero todo apuntaba a los contrario y en Washington comenzaron a moverse los hilos en el sentido de que el gobierno de los Estados Unidos ya no ayudarían al Gobierno de El Salvador, ni militar, ni económicamente, recordemos que para ese momento la ayuda militar estadounidense rondaba casi el millón de dólares diario, lo que convertía a la profesión castrense en la más lucrativa del mercado, habían militares que le vendían armas hasta a sus propios enemigos, la guerrilla.

En el informe de la Informe de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, sobre la impunidad respecto de las ejecuciones arbitrarias de los jesuitas, se narran los hechos, incluyendo los del encubrimiento del hecho por parte de los militares:

Leamos de dicho informe, el apartado sobre los hechos posteriores a la masacre y el encubrimiento de parte del Gobierno Salvadoreño.

 

El encubrimiento

En las primeras horas de la mañana del día 16 el Mayor Carlos Camilo Hernández Barahona y el Teniente José Vicente Hernández Ayala fueron personalmente a la oficina del Coronel Ponce a dar parte de todo lo ocurrido en la UCA. Los oficiales informaron que tenían un maletín con fotos, documentos y dinero que los soldados habían sustraído de los jesuitas horas antes. El Coronel Ponce ordenó destruirlo porque era prueba de la responsabilidad de la Fuerza Armada. Destruyeron el maletín en la Escuela Militar.

Al reintegrarse a su unidad, el Teniente Espinoza Guerra dio parte de lo ocurrido al Comandante del Batallón Atlacatl, el Teniente Coronel Oscar Alberto León Linares.

El Presidente Cristiani encargó la investigación del crimen a la Comisión de Investigación de Hechos Delictivos (CIHD).

El Coronel Benavides relató los hechos al Teniente Coronel Manuel Antonio Rivas Mejía, Jefe de la CIHD, y solicitó ayuda. Este último recomendó destruir los cañones de las armas utilizadas y sustituirlos por otros para evitar su identificación en las pruebas balísticas. Luego se hizo esta destrucción de los cañones con la ayuda del Teniente Coronel Oscar Alberto León Linares.

El Teniente Coronel Rivas Mejía también le aconsejó al Coronel Benavides cerciorarse de que no quedaran registros en los libros de entrada y salida de la Escuela Militar que permitieran identificar a los culpables. Posteriormente, el Coronel Benavides y el Mayor Hernández Barahona ordenaron quemar todos los libros de registro de la Escuela Militar, tanto de ese año como del anterior.

Al poco tiempo de iniciada la investigación, el Coronel René Emilio Ponce dispuso que se incorporara a la CIHD –para colaborar con la investigación sobre el caso- el Coronel Nelson Iván López y López, Jefe del Conjunto I del Estado Mayor, quien además había estado al mando del Centro de Operaciones Tácticas del Estado Mayor durante toda la noche del 15 al 16 de noviembre.

Desde noviembre la CIHD supo de dos testigos, el Subsargento German Orellana Vásquez y el agente Víctor Manuel Orellana Hernández, quienes afirmaron ante la CIHD haber visto efectivos del Atlacatl cerca de la UCA esa noche, luego cambiaron sus afirmaciones.

Otro testigo también se retractó de su versión inicial. Lucía Barrera de Cerna, empleada de la Universidad declaró haber visto desde un edificio adyacente a la residencia de los jesuitas a los soldados con uniformes camuflados y gorras. En los Estados Unidos, donde fue por protección, la interrogó el Federal Bureau of Investigation (FBI) y se retractó de lo dicho.

En sus interrogatorios estuvo presente el Teniente Coronel Rivas Mejía, Jefe de la CIHD. Posteriormente ratificó su versión original.

La CIHD no tomó declaración al Coronel Benavides, a pesar de que los hechos habían ocurrido en la zona de su Comando. De acuerdo al expediente judicial, la primera declaración de Benavides es el 11 de enero ante la Comisión de Honor.

El día 2 de enero de 1990, mes y medio después de los asesinatos, un oficial del ejército de los Estados Unidos y asesor de la Fuerza Armada de El Salvador, el Mayor Eric Warren Buckland, informó a su superior, el Teniente Coronel William Hunter, sobre una conversación sostenida días antes con el Coronel Carlos Armando Avilés Buitrago. En esa conversación Avilés Buitrago le contó que se había enterado –a través del Coronel López y López- que Benavides había dispuesto los asesinatos y una unidad del Batallón Atlacatl los había ejecutado. También le informó que Benavides había solicitado la ayuda del Teniente Coronel Rivas Mejía.

El Teniente Coronel William Hunter informó al Jefe de la Misión Militar de los Estados Unidos, Coronel Milton Menjívar, quien arregló una reunión en la oficina del Coronel Ponce en donde fueron confrontados Buckland y Avilés. Este último negó haberle dado esa información a Buckland.

A los pocos días de conocidas las declaraciones de Buckland, el Ministro de la Defensa creó una Comisión Especial de Honor, integrada por cinco oficiales y dos civiles, para investigar los asesinatos.

La Comisión de Honor, al enterarse de lo investigado por la CIHD, interrogó a unos 30 efectivos del Batallón Atlacatl, entre ellos al Teniente Espinoza Guerra, al Subteniente Guevara Cerritos y a varios oficiales de la Escuela Militar, entre ellos el Coronel Benavides y el Teniente Mendoza Vallecillos.

Los Tenientes Espinoza y Mendoza y el Subteniente Guevara, así como los soldados que participaron en el asesinato, confesaron su delito en declaraciones extrajudiciales ante la Comisión de Honor.

Un miembro civil de la Comisión, el Licenciado Rodolfo Antonio Parker Soto, asesor jurídico del Estado Mayor, alteró las declaraciones hechas, con el objeto de suprimir las menciones a la existencia de órdenes superiores. Asimismo, eliminó las referencias a algunos oficiales, entre ellas la referida al Mayor Carlos Camilo Hernández Barahona.

Continuará…

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