La austeridad debería de ser una característica de nuestra vida diaria. Vivimos en un mundo cuyos recursos son limitados y la opulencia de unos siempre genera carencia en otros. Esto es válido tanto en lo privado como en lo público.
Las últimas semanas han estado colmadas de noticias sobre el despilfarro, la irracionalidad y la poca transparencia con que se manejan los fondos públicos. El énfasis se ha colocado en los altos salarios de funcionarios y servidores públicos y sobre si es necesario tanto puesto de trabajo. Los principales blancos han sido la Corte Suprema de Justicia y la Asamblea Legislativa, dos de los tres Órganos del Estado.
Pero lo publicado puede que sea apenas la punta del iceberg. El presupuesto de la Asamblea Legislativa representa un poco menos del 1% del presupuesto nacional y el presupuesto del Órgano Judicial ronda el 6%. Es decir, que ambos Órganos fundamentales del Estado consumen aproximadamente un 7% del presupuesto nacional. ¿Qué pasa con el resto?
Un primer paso para resolver esta situación puede ser la aprobación de la Ley de Transparencia. Si la información adecuada se vuelve pública la ciudadanía puede jugar un activo papel para exigir que los recursos públicos sean manejados de mejor forma. Pero es necesario ir más allá. Es indispensable enfrentar los problemas de fondo que han generado la actual situación.
Ir al fondo obliga a redefinir el rol del Estado en nuestra sociedad concreta. Es importante no quedarnos en una definición general. Hay que precisar con el mayor detalle posible cual es el papel del Estado salvadoreño en este momento, dadas las condiciones que vivimos. Esto no es un mero ejercicio teórico u académico es una fase indispensable para definir las prioridades de cada unidad del Estado. Solo así se puede sentar la primera base para la racionalidad en el gasto público.
La austeridad es el siguiente paso. Esta no significa que nuestros funcionarios públicos van a andar vestidos con andrajos o subidos en las parrillas de los buses. Significa asignar el salario adecuado según la responsabilidad, garantizar que las personas contratadas son las idóneas para el cargo y definir mecanismos de evaluación al trabajo desarrollado.
Algunos señalan que los salarios del sector público se deberían de equiparar a los actuales salarios del sector privado, proponen esto como solución a los altos salarios que ordenanzas, motoristas, secretarias, recepcionistas, etc. tienen en las instituciones públicas. Esto tiene varios problemas que es necesario considerar. En primer lugar, el sector privado paga salarios muy cercanos al mínimo, que todos sabemos que no cubren las necesidades básicas de una familia. Sería generalizar y hasta legitimar una situación injusta que se presenta en muchas empresas privadas.
El segundo problema esta determinado por la forma en que se estructura la escala salarial. En el sector privado, especialmente en las grandes empresas, los puestos bajos tienen salarios de hambre, pero los puestos altos tienen salarios, prestaciones, beneficios adicionales, comisiones por cumplimiento de metas, seguros de vida y de salud, etc. que son superiores al del Presidente de la República.
Un acuerdo entre los tres órganos del Estado, las instituciones autónomas y del Ministerio Público, sobre máximos y mínimos de salarios en funciones y puestos comunes puede ser un paso importante. También se pueden lograr acuerdos para racionalizar el número de empleados que se necesitan para las distintas funciones. Se pueden definir políticas comunes para los viáticos por viajes al exterior, para la adquisición de vehículos, etc.
La Corte de Cuentas de la República necesita una completa reingeniería para adecuarla a la nueva realidad. Esta institución se que quedado obsoleta desde hace muchos años. Es necesario independizarla de la influencia partidaria, pero también mantenerla alejada de los poderes económicos fácticos. Debe volverse profesional y moderna. Pero además debe ser auditada en forma permanente. Solo así se podrá garantizar un uso más honesto de los dineros públicos.
Con estos elementos, como mínimo, se puede iniciar un proceso que nos lleve a racionalizar el gasto público, volverlo más eficiente y centrado en las necesidades fundamentales de la sociedad y manejado con honestidad y transparencia. La tarea es grande y no se puede realizar sin la participación ciudadana.
Ayutuxtepeque, lunes, 07 de febrero de 2011.
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