A mediados de agosto del año 2004, los entonces diputados Shafick Handal, Salvador Sánchez Cerén y Gerson Martinez, en representación de la fraccion legislativa del FMLN presentaron un recurso de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), contra el decreto legislativo 350, que contiene la Ley de Presupuesto General para el ejercicio fiscal 2004, fundamentándose entre otras cosas en: “que el decreto 350 en sus artículos 2 y 8, por medio de los cuales se autoriza al ramo de Hacienda a efectuar transferencias de recursos del Presupuesto General del Estado, de un ramo a otro ramo de la administración pública, son inconstitucionales”.
El FMLN consideraba «que es necesario que el gobierno respete la Constitución y no continúe haciendo “manoseos”, con fondos públicos. Handal recordó que las administraciones areneras, se han aprovechado de esta situación y han venido utilizando estos fondos, para partidas secretas, como el gobierno todos los años lo hace, “y es que, lo que no gasta un ministerio lo trasladan inmediatamente a la partida de gastos imprevistos de Casa Presidencial, que es una partida secreta”, afirmó.
En esas fechas la Sala correspondiente en la Corte Suprema de Justicia resolvió que el recurso no procedía y que la disposición tomada entonces era constitucional.
Años despues resultó un «agujero negro» de casi 219 millones de dólares durante la administración de Elías Antonio Saca, que fué “debidamente finiquitado” por la Corte de Cuentas, legalizando asi cualquier abuso en el destino final de esos fondos «discresionales».
El gobierno cambió de manos y ARENA perdió el control del ejecutivo y Mauricio Funes tuvo acceso a esos fondos discresionales «justificándolos», tal como lo habían hecho sus predecesores, a pesar de que en algún momento él mismo criticó ese adefesio legal.
A finales del 2009, la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES), informó realizó una «investigación» de los gastos del gobierno, «descubriendo» que «“La Presidencia gastó $219 millones más que presupuesto aprobado”, como titulara el Diario de Hoy la noticia y cuestionó a la llamada «partida secreta«.
Ante el cuestionamiento de parte de FUSADES sobre la partida secrea, se en una conferencia de prensa, se consultó al Presidente Mauricio Funes su posición al respecto y este respondió: “FUSADES ha pedido que explique el resto de la partida secreta presidente”, la respuesta, que dicho de paso, finalizó esa conferencia de prensa fue: “Solo le digo una cosa, que curioso que FUSADES viene a plantear la reformas a una ley que se hizo en tiempos de la administración del Presidente Saca y cuando la hizo ahí no planteó ninguna iniciativa de reforma y que curioso que lo vienen a hacer después de 20 años de gobierno de ARENA , donde fue utilizada discrecionalmente esta partida secreta, ¿Por qué lo viene a hacer ahora?, ¿Por qué no lo ha hecho antes?, ¿Qué hay escondido detrás de esa posición?”.
En marzo del 2010, el Dr. Enrique Borgo Bustamante, ex-vicepresidente de la República en tiempos del Dr. Armando Calderón Sol, interpuso un recurso de inconstitucionalidad contra varias disposiciones de la Ley de Presupuesto y de la Ley de Administración Financiera (AFI) que, en su criterio, violan la Constitución de la República. Entre esos artículos está el artículo 2 de la ley de Presupuesto los mismos que Shafick y el FMLN cuestionaron en el año 2004.
El 25 de agosto del 2010, la Corte Resolvió a favor de la inconstitucionalidad de la medida, dejando sin efecto las leyes de las que los dos últimos gobiernos de ARENA y en especial el último, se valieron para contar en forma discresional y fuera de control auditado, de los fondos del estado.
La resolución es digna de aplaudirse y el presidente Mauricio Funes debe acatarla considerando que el retorno al estado legal es un mensaje muy positivo para comenzar acabando con la impunidad y el abuso de poder que había tenido el ejecutivo en todos estos años.
Es una verdadera lástima que no se puedan levantar juicios penales contra los que anteriormente se aprovecharon de esta arca abierta del estado, pero lo bueno es que ahora no podrán acusar de corrupción al actual gobierno en este rubro, porque nunca podrá eliminarse la sospecha que pende sobre Elías Antonio Saca por mas finiquitos que muestre.
La composición de esta Corte Suprema de Justicia está dando grandes y agradables sorpresas, ya que está tomando medidas acordes al marco legal vigente y haciendo prevalecer la justicia por encima de los intereses particulares de quienes tienen posiciones de poder, solo queda esperar que esto sea un precedente y que la elección de los futuros representantes de este órgano del estado, se mantenga libre de presiones y preferencias político-partidarias, para seguir enderezando las cosas que los gobiernos anteriores retorcieron hasta límites obscenos.
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