La masacre realizada ayer contra un grupo de personas (supuestamente miembros de maras) en la Poza el Pato del cantón Milingo, Suchitoto, que deja siete muertos y tres heridos, podría ser un paso más en la escalada de violencia delincuencial que padecemos. Si esto fuera cierto, la situación sería más grave de lo que parece a primera vista.
Las maras pasaron de ser pandillas juveniles y se fueron convirtiendo en complejas estructuras de crimen organizado que controlan territorios y manejan operaciones criminales. Para ello afianzaron su control sobre el territorio, monopolizaron cierto tipo de acciones delictivas y adquirieron armamento de uso privativo de la Fuerza Armada.
En agosto del 2006 nos referimos a este tema en el comentario “Las Maras en el salvador. Un doble poder.” Donde abordábamos el proceso de evolución organizativa para delinquir con más eficiencia, que ya estaban experimentando a raíz del fracaso de los planes mano dura y súper dura.
El último salto dado en las últimas semanas, ha sido el aparecimiento de las granadas de fragmentación de uso militar, como parte de su arsenal. Con estas armas tienen capacidad de causar mayor terror en la población que cada vez se siente más indefensa ante estas bandas criminales. Las relaciones cada vez mas estrechas entre las Maras y las organizaciones criminales internacionales, nos llevan a pensar que tienen una eficiente red de trasiego de armas.
Esto es grave, pues en el mercado negro de armas se puede encontrar cualquier armamento de tipo convencional en la cantidad que se desee, hasta para armar un ejército. Lo único que se necesita es dinero para comprarlas y una red logística para trasladarlas a los lugares adecuados.
Las Maras tienen por ahora suficiente dinero, tanto las rentas como las extorsiones les proporcionan importantes cantidades. Pero también su vinculación al jugoso negocio del narcotráfico y el tráfico de personas les proveen de valiosos recursos monetarios. Además su aparato de organización territorial ha demostrado ser eficiente, este se convierte en la red logística que complementa el proceso.
Por ello, sin ser exagerado ni alarmista, considero que las Maras tienen las condiciones para construir un aparato armado, que con las técnicas necesarias puede convertirse en un grave problema para nuestra sociedad. Después de las granadas siguen las armas antitanque y los cohetes tierra aire, que se pueden encontrar en el mercado negro. Solo de pensar en el uso que pueden hacer de estos artefactos se le pone la carne de gallina a cualquiera.
Por ello enfrentar este complejo problema es el más grande desafío del actual gobierno. Las encuestas de opinión señalan con claridad que el principal problema que siente la ciudadanía es la violencia delincuencial.
Hemos dicho en varias ocasiones que enfrentar esta compleja situación requiere de un plan integral, también hemos señalado que requiere de un amplio acuerdo nacional, hemos hablado de la necesidad de pasar de acciones anti delincuenciales fragmentadas a una Política de Estado que garantice su integralidad y continuidad, al menos, en el mediano plazo.
Todos estos mensajes que hemos dado siguen siendo esencialmente ciertos y necesarios de ser implementados. Pero también es necesario entender que el país va entrando a una situación peligrosa de descomposición social y perdida paulatina de la capacidad del Estado para enfrentar esta problemática.
No creo en las teorías que manejan ciertos gremios de que a raíz de esto podemos llegar a un Estado fallido. Los Estados se vuelven fallidos cuando el beneficio económico que produce la sociedad no irradia adecuadamente al Estado y este pierde la capacidad de asumir su rol conductor de la sociedad, volviéndose incapaz de asumir sus funciones básicas. Ese no es nuestro caso. Pero si hay que reconocer que hay momentos en que una problemática puede rebasar la capacidad del Estado de resolverla por los medios ordinarios.
En estos casos se requiere de medidas extraordinarias. Hay quienes creen que esto significa declarar Estado de Sitio y Ley Marcial. Esta es una visión estrecha del punto. Tomar medidas extraordinarias significa que salimos de las clásicas y hasta rutinarias formas de hacer las cosas y se ejecutan acciones diferentes.
Sería extraordinario que el gobierno y las gremiales empresariales dejaran de pelearse y culparse por el tema delincuencial y se pusieran rápidamente de acuerdo en cuales medidas de las que propone la Cámara de Comercio e Industria (CCI) pueden implementarse de inmediato.
Sería extraordinario que se hiciera una rápida evaluación de los costos de las medidas anti delincuenciales que propone la CCI y que las gremiales empresariales acordaran una forma de tributo extraordinario.
Sería extraordinario que se pensara que los cientos de millones de dólares que se gastan en vigilancia privada pudieran llegar al Estado para fortalecer la vigilancia ciudadana.
Sería extraordinario que la policía desarrollara acciones que le permitan reconquistar la confianza de la gente. Que existan formas de denuncia ciudadana que no impliquen riesgo para la integridad del denunciante y eficiencia en la acción policial.
Sería extraordinario un plan nacional del Ejecutivo con todas las alcaldías para promover en forma intensiva la organización ciudadana en sus lugares de vivienda con planes integrales de recreación y prevención de las conductas delincuenciales. Acompañadas en forma eficiente por la PNC.
Sería extraordinario que la PNC y la Fiscalía llegaran a un acuerdo con el Órgano Judicial, para garantizar eficiencia en la investigación del delito y el castigo a los responsables.
Podríamos seguir hablando de medidas extraordinarias. Pero la clave está en la integralidad de los planes. No debemos olvidar que la violencia en nuestro país fue aumentando en la medida en que aumentó la exclusión socio económica. En los últimos veinte años se implementó un modelo de vida que abandonó y orilló a nuestra juventud. Que expulsó a millones de compatriotas a buscar su futuro en otras latitudes. Que la diáspora salvadoreña dejó hogares desintegrados, niños y jóvenes que se criaron en las calles con dinero de remesas en sus bolsillos pero sin autoridad familiar. Ahora estamos pagando las consecuencias.
Por ello preocupa la hipótesis policial que la Masacre de la Poza del Pato, sea resultado del aparecimiento de grupos de exterminio. Esto significaría que vuelven los Escuadrones de la Muerte. Que escalamos otro peldaño en la violencia delincuencial.
Por ello las medidas extraordinarias son urgentes. Ya casi no tenemos tiempo. La desesperación de los habitantes alcanza límites que solo conocimos durante las ofensivas en la guerra de los ochenta. No debemos permitir que la angustia lleve a la gente a pensar que cualquier medida es buena si esta alivia el problema.
Ayutuxtepeque, miércoles, 03 de febrero de 2010.
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