En todos los sentidos, los procesos electorales se están volviendo cada vez más costosos para el país. No solo los partidos políticos que pretenden competir necesitan contar con varias decenas de millones de dólares cada uno, también el Tribunal Supremo Electoral (TSE) en cada elección presenta presupuestos más y más elevados. En este último caso, la cifra que presentó inicialmente el TSE, de un poco más de 42 millones de dólares para la elección presidencial del 2014, sin que esta cantidad incluyera el voto residencial y el voto de los salvadoreños en el exterior, es de verdad escandalosa.
Es lógico que cada elección tenga un mayor costo que la anterior. La inflación es un factor que determina la elevación de costo. El número de electores aumenta aproximadamente un 10% cada tres años. La necesidad de incorporar nuevas tecnologías que hagan más eficientes y confiables los procesos, son otro factor que incide. Pero en el país, los costos se han elevado muy por arriba de lo que el sentido común nos indica.
Para poner un solo ejemplo. En las elecciones presidenciales de 2004, la Transmisión Rápida de Resultados Electorales costó un poco más de seiscientos mil dólares. En las elecciones de 2012 esto mismo costó más de siete millones de dólares, únicamente en lo que cobró la compañía española que realizó la operación, esto sin contar por lo menos, millón y medio más que gastó el TSE para la misma actividad. Esta cifra era un escándalo que en privado y en voz baja muchos comentaban durante la última elección, pero sin que se atrevieran a denunciarla públicamente.
Cuando se revisa en forma rápida el Presupuesto Especial Extraordinario de Elecciones 2014, que ha presentado el TSE, destaca nuevamente el alto monto que será cancelado nuevamente para la transmisión rápida de resultados electorales. Que según se rumora, serán para la misma empresa española. Es decir, que la historia se repetirá.
Por otra parte se observa la enorme cantidad de personal temporal que se contratará, la inmensa mayoría para que desarrollen activismo para los dos partidos políticos que controlan la institución electoral. Es de todos conocidos, que las evaluaciones para seleccionar el personal son una farsa que se organiza solo para cubrir las apariencias. Al final los peor evaluados, pero que tienen recomendación de los dirigentes de los dos partidos, son los que se contratan; los más capaces y mejor evaluados, terminan siendo desechados, si no cuentan con la “recomendación de los de arriba”. Esta situación vuelve caros e ineficientes los procesos electorales.
Otro rubro de alto costo, es la publicidad de medios. Son varios millones de dólares destinados para ello. Los grandes medios de comunicación, que por lo general integran corporaciones, son las grandes beneficiarias de este fondo. Muy poco se derrama para los esfuerzos de los medios alternativos de comunicación y medios comunitarios. Esta es una de las razones por las cuales estos grandes medios corporativos no hacen ruido ante la elevación de los costos de las elecciones. Mientras que destacan despilfarros en otras instituciones del Estado, lo cual es bueno, poco o nada dicen de los altos presupuestos que presenta el TSE.
Por todo ello, es altamente positiva la actitud del Ministerio de Hacienda de proponer a la Asamblea Legislativa una reducción presupuestaria de unos nueve millones de dólares aproximadamente. La cantidad de 33 millones para las elecciones es más que suficiente para realizar un proceso electoral eficiente y confiable, lo que se necesita es un uso racional de los recursos públicos.
Es muy importante también el papel que puedan desempeñar las organizaciones de la sociedad civil que monitorean las elecciones. Ahora, con la ley de transparencia, deben hacer uso de los derechos y recursos que esta normativa ofrece para dar seguimiento más detallado a la forma en que se invierten los recursos públicos por parte del TSE. El control ciudadano es determinante para evitar los despilfarros de recursos públicos.
Ayutuxtepeque, miércoles, 20 de marzo de 2013.
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