En esta elección de alcaldes y diputados celebrada el 01 de marzo quedaron al descubierto las falencias del actual sistema electoral. Hemos vivido un proceso electoral en que la mayoría de las cosas salieron mal, los retrasos en el calendario electoral fueron la constante, un Organismo Colegiado inexperto, incapaz de hacer equipo y que nunca comprendió la magnitud ni la importancia del evento electoral.
A lo anterior hay que agregar las tardías resoluciones de la Sala de lo Constitucional, que a menos de cuatro meses de las elecciones ordenó que se aplicara la modalidad de voto cruzado, lo cual terminó de complicar la ya enredada situación.
La Asamblea Legislativa tampoco fue capaz de actualizar el Código Electoral para adecuarlo a las nuevas disposiciones de la resolución de la Sala, sin justificar tal actitud, es necesario entender que realizar reformas a la legislación electoral a escasos meses de una elección es una misión imposible casi en cualquier lugar del mundo.
Todos estos factores provocaron una especie de «tormenta perfecta» que golpeó la totalidad del evento electoral. No es posible descargar en un solo actor o persona la total responsabilidad de lo sucedido. Estamos ante una crisis multicausal. Todos los actores antes señalados tienen alguna responsabilidad en lo ocurrido.
Puede que también haya otros responsables que no se han mencionado, como el Ministerio de Hacienda que obligó al TSE a reducir el presupuesto extraordinario de elecciones, o los técnicos en informática que no supieron prevenir el desastre en la transmisión de resultados.
Tenemos por cultura una tendencia a simplificar las cosas, no estamos acostumbrados a analizar la complejidad de los fenómenos sociales, de allí la facilidad con que podemos descargar la responsabilidad en una sola persona o institución. Definir responsabilidades y proponer soluciones para que esto no vuelva a ocurrir es lo primero que se debe hacer al dar por finiquitado el proceso electoral.
Es necesario practicar una auditoría y evaluación concreta al evento electoral. Esta auditoría debe ser realizada por un ente profesional e independiente de cualquiera de los actores involucrados. Debe ser integral, de manera que abarque todas las áreas y aspectos intervinientes. Debe ser propositiva y concluyente, para que nos pueda arrojar luz sobre lo que se debe hacer para que los errores no se cometan de nuevo.
Esta auditoría podría ser llevada a cabo por un organismo internacional como la Organización de estados Americanos (OEA) que tiene experiencia en materia electoral y ha contribuido a la mejora de los sistemas electorales de América latina.
La credibilidad de este evento electoral es casi inexistente ante todo lo sucedido. Esta falta de credibilidad irradia a todas las personas o instituciones vinculadas al proceso eleccionario: El TSE tanto en su máximo organismo como en su estructura logística y operativa, los partidos políticos, la sala de lo Constitucional, la Asamblea legislativa, etc.
Si no se toman medidas de fondo e integrales, muchos ciudadanos no tendrán interés en votar en próximas elecciones, será difícil encontrar personas interesadas en ser parte de los organismos electorales temporales (JRV), mucho más les costará a los partidos encontrar vigilantes para las urnas el día de las elecciones.
La pérdida de credibilidad, que en esta elección ha experimentado la ciudadanía, pone en riego el desarrollo de la institucionalidad democrática. Por ello es necesario actuar, pronto, a fondo, con integralidad y visión de país.
Ayutuxtepeque, miércoles 25 de marzo de 2015.
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